La proposición de ley fue presentada ante el plenario por el popular Salvador Cruz, que apeló a la mejora de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios al favorecer las reclamaciones y demandas, a facilitar el acceso a este servicio de personas con discapacidad, a aumentar la seguridad y protección del medio ambiente y a evitar que se destruya empleo al evitar que gasolineras atendidas pasen a estar desatendidas.
Cruz remarcó la garantía del empleo y la posibilidad de otros nuevos en un sector con 1.000 personas ocupadas en el suministro de combustible en la Comunidad y recordó la moratoria de tres meses desde la publicación de la norma en el Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León).
Estos principios fueron compartidos por José Francisco Martín (PSOE), Félix Díez (Podemos) y José Sarrión (IU), todos ellos votaron a favor, pese a que el PP no recogió las enmiendas de los dos últimos, si bien defendieron que se protege y se puede crear empleo a través de la nueva regulación.
El procurador de Ciudadanos David Castaño, al final del debate, argumentó el voto en contra en que la proposición popular “no está bien motivada” en relación al medio ambiente, personal con discapacidad, problemas de salud y creación de empleo. También, preguntó por qué no se legisla para estaciones en las que el usuario se tiene que servir el carburante. “Se acabaría con el desempleo”, apostilló.
Luis Mariano Santos Reyero (UPL) centró el debate en que la obligación de tener al menos un empleado a quien va a afectar es a las cooperativas agrícolas, lo que consideró una destrucción y no una creación de empleo y abogó por que vendan los que les permite la ley. “Voy a romper el consenso, presenté una enmienda, como no están de acuerdo no la voy a apoyar”, argumentó. “Las cooperativas agrarias están exentas de esta modificación”, aseveró Irene Cortés (PP), que insistió en que es así mientras suministren a sus asociados.
En nombre del Grupo Socialista, José Francisco Martín expresó la satisfacción porque se hayan recogido sus enmiendas y resaltó la relativa a que exista un empleado mientras las estaciones de servicio de carburantes estén operativas. Además, aseguró que el voto a favor de los socialistas se enmarca no sólo en la garantía de los derechos del consumidor y mayor seguridad en el acceso a estas estaciones de las personas con discapacidad, sino en el empleo.
Félix Diez (Podemos) compartió los objetivos de la regulación pero planteó una discriminación positiva para las cooperativas agrarias para favorecer el empleo en el mundo rural, si bien la popular Irene Cortés no asumió la propuesta al entender que en la norma ya están exentas y tienen ventajas fiscales en los carburantes.
Garantizar el empleo
“Empresas poderosas desplazan a las de aquí”, explicó José Sarrión, al dar su respaldo al texto, para quien la reforma normativa es importante para garantizar el empleo, pese a que no se recogiera su enmienda, también en relación con las cooperativas agrarias y gasolineras en zona con baja densidad de población.
En Castilla y León existen 1.300 estaciones de servicio de venta al por menor, de las que 60, en su mayoría en polígonos industriales y de bajo coste, no están a tendidas por un trabajador, por lo que en un “cálculo muy prudente” los populares estiman la creación de 200 empleos, dado que habrá al menos una persona en distintos horarios y festivos.