En casi un 13 por ciento de los 1.210 casos registrados, es decir en 157, la víctima se acogió a la dispensa a la obligación de declarar, dentro de la tónica del país, que sumó 4.913 situaciones de este tipo. Además, el ratio de órdenes de protección por cada mujer víctima de violencia de género fue del 40,3 por ciento, muy por encima de la media del país del 28,5.
Del total de denuncias, se registraron 19 sobreseimientos libres, por entender que no existían indicios de delito (nueve casos), los hechos no eran constitutivos de delito (siete) y por exención de responsabilidad criminal (tres). También, hubo 480 sobreseimientos provisionales, por no resultar justificada la perpetración del delito en 450 casos, y por no haber autor conocido, en 30.
En cuanto al parentesco, en un 33,01 por ciento de los casos, la víctima y el agresor mantenían una relación afectiva y en un 35,66 por ciento la habían mantenido. En un 19,76 por ciento eran matrimonio y en un 11,57 estaban separados. Hubo 160 enjuiciados, de los que 121 resultaron condenados y el resto, absueltos.
De las denuncias recibidas, las víctimas acudieron directamente a los juzgados en 75 casos, es decir, en un 6,6 por ciento, mientras que los familiares lo hicieron en un 0,4 por ciento. Hubo 841 atestados con denuncia de la víctima; 22, con denuncia familiar y 141 por intervención directa de la policía.