Reconoce, no obstante, que si "el Ayuntamiento ha tenido las manos atadas en este asunto, ahora mucho más, porque se trata de un conflicto laboral y las reivindicaciones de los empleados son de cara a su convenio y directamente con la empresa, que esta viviendo una situación muy distinta a la de hace meses". Desde hace 10 días el servicio, que no el contrato, se concreta en una prórroga en virtud de la sentencia del TSJ" que ha obligado a la anulación del conocido como 'macrocontrato' de 122 millones de euros. "Lo que queda es esperar a una nueva adjudicación, bien sea a la misma empresa o a otra, que esperamos que se resuelva cuanto antes".
A este respecto, la edil de Hacienda subraya que lo importante de este asunto "es intentar participar como interlocutor entre los empleados y el adjudicatario definitivo para lograr un consenso entre todas las partes". En este sentido, Vidal consideró que todo el proceso está yendo con toda la rapidez que se puede, "aunque no podemos negar que nos hubiera gustado que este asunto se resolviese en una semana". Los expertos ya se han reunido hace unos días y la "convocatoria de la Mesa de Contratación será inminente".