El Ayuntamiento entrega a la ULE su propuesta sobre cuantía y modelo de gestión de las instalaciones deportivas del Campus

Una reunión estrictamente técnica la celebrada este mediodía en el Ayuntamiento de Ponferrada entre responsables de la Universidad de León y el Ayuntamiento. Retoman los contactos pero las negociaciones van con cuentagotas. Aún sin fecha para la siguiente reunión

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Fundador, CEO de InfoBierzo e InfoLeon
26 de Agosto de 2015
Actualizado: 30 de Agosto de 2015 a las 13:43
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Una reunión estrictamente técnica la celebrada este mediodía en el Ayuntamiento de Ponferrada entre responsables de la Universidad de León y el Ayuntamiento. Retoman los contactos pero las negociaciones van con cuentagotas. Aún sin fecha para la siguiente reunión

Escasos avances, por tanto, para reabrir las instalaciones deportivas, como la piscina climatizada, pero pasos necesarios, según indican fuentes consistoriales a este diario.
Del contenido de la reunión no trascienden declaraciones públicas, dado que tanto el edil del área de Deportes, Roberto Mendo, como el personal municipal que participó en el encuentro lo enmarcan en "púramente técnico".

Los técnicos del Ayuntamiento recorrieron hace escasos días las instalaciones y han elaborado un informe de necesidades, de estimación de la aportación económica de la ULE y otros aspectos como la duración del hipotético contrato, que ha sido entregado este miércoles a la Universidad de León para su valoración.

Es la contrapropuesta del equipo de gobierno después de calificar como netamente "insuficiente" la aportación brindada por la ULE de una cobertura hasta 60.000 euros anuales en concepto de déficit de explotación o mantenimiento.

Aunque no trasciende la cantidad mínima que considera el Ayuntamiento, iría más en cifras cercanas a los 100.000 euros anuales, similar a la cuantía anual que asumía la ULE eb un consorcio de gestión ya suprimido este año, lo que motivó el cierre de las instalaciones.

La Universidad sigue la línea del convenio pactado a comienzos de año con el Ayuntamiento, donde también se especificaba que el contrato de gestión se enmarcaría en un periodo de 10 a 15 años, mientras el actual gobierno de Gloria Merayo quiere limitarlo a un máximo de 4-5 años.