De esta forma la parte social de la térmica de Endesa no esconde que el mecanismo ideado por el Gobierno, y que en estos momentos analiza Europa, entraña riesgos.
El primero de ellos, que el Real Decreto que regirá este nuevo mecanismo iría aparejado a una ayuda que sería de 400 millones de euros para las eléctricas, cuando "sólo la central de Compostilla necesitaría la mitad de todos esos fondos estatales" para modernizar los 3 grupos activos desde el próximo año (este 2015 se desconecta de la red el grupo II). Por ello "quizás no modernicen todos los grupos", sospecha el presidente del Comité, Juan Sobredo
Además "modernizar puede abrir la puerta a cambir el mix de su funcionamiento" que hoy requiere de una elevada carga de carbón nacional. "Podría después funcionar mejor con más carbón de importación".
Por ello, Sobredo considera que "el mecanismo tiene que ser una solución para todo el sector energético; para eléctricas y para empresas mineras". "Sigue siendo necesario una mediación política", más que dejar en manos de las eléctricas la firma de contratos de compra con las mineras para poder acceder a la línea de ayudas públicas destinadas a modernizar las centrales. Y es que no se despeja el mapa de qué centrales se modernizarán, y en qué medida, como puede ocurrir con Compostilla II.
De hecho, Sobredo recuerda que en una reunión mantenida hace escasas semanas con el director de centrales térmicas de Endesa, José Ribelles "ya dijo que apurarán el plazo hasta las últimas fechas para decidir" sobre esta inversión en la central de Cubillos.
Ahora, "cuando el nuevo mecanismo esté vigente, pediremos una nueva reunión" para conocer si la medida que en principio va encaminada a despejar esas dudas, convence a la compañía eléctrica.
Si en octubre Endesa no comunica el plan de desnitrificación de la central para adaptarla a la normativa europea, sólo podrá funcionar 17.500 horas, o en su defecto, hasta el año 2023.
El nuevo mecanismo
Será un 'Real Decreto de pago por capacidad para la desnitrificación de centrales de carbón autóctono' y consiste en que el Gobierno subvencionará al cien por cien las inversiones que se tengan que realizar en las centrales térmicas para acometer las obras de adaptación a la normativa europea. Eso sí, siempre que las eléctricas firmen contratos de compra de carbón. Donde las eléctricas no quieran modernizar, no estarán obligadas a ninguna compra de carbón.