El mensaje de tranquilidad lanzado el pasado martes por la alcaldesa de Ponferrada, la popular Gloria Fernández Merayo, a los trabajadores de la concesionaria de los servicios de limpieza, recogida de residuos y mantenimiento de partes y jardines ha calado a medias en la plantilla. Aunque el Comité de Empresa entiende la postura del Gobierno municipal de esperar a conocer la forma de ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula el contrato, lo cierto es que las palabras de la regidora no han conseguido despejar la “incertidumbre” entre los trabajadores. “Cualquier empresa puede despedir a trabajadores sin mediar un ERE (Expediente de Regulación de Empleo)”, precisó este jueves el presidente del órgano de representación laboral, Marco Varela.
“El Ayuntamiento está obligado a cumplir la sentencia. Y nosotros tendremos que asumir esa espera”, admite Varela después de que la alcaldesa calculase que el documento que determinará la manera de ejecutar el pronunciamiento judicial no llegará hasta septiembre al Consistorio. Hasta entonces proseguirá una “incertidumbre” que sólo se traducirá en convocatoria de movilizaciones “si fuera necesario”, matiza el presidente del Comité poniéndose en la hipótesis de que un nuevo pliego de condiciones o adjudicación “no garantizase un mínimo de empleo”.
¿Las posibles movilizaciones podrían derivar en una nueva convocatoria de huelga en el servicio? “Dependería de la gravedad de la situación”, responde Varela, quien en cualquier caso todavía ve lejano ese escenario.
