En respuesta escrita a una pregunta a la mesa del Senado, el Gobierno insiste en que la adaptación de la normativa europea sólo deja una doble vía, o la inclusión en el Plan transitorio (que irá reduciendo las toneladas/año de emisiones) o la Exención por vida útil, que no limita las emisiones pero sí las horas de generación a 17.500 hasta 2023, año en que tendrían que apagar los grupos.
A partir del 1 de enero de 2016 será de aplicación el Reglamento de Emisiones Industriales por el que se ha trasladado a la legislación española la Directiva del Parlamento Europeo que, como apunta el Gobierno "viene a establecer, de forma general, unos Valores Límite de Emisión para los contaminantes".
No obstante, se permiten unas excepciones transitorias mediante la posibilidad de acogimiento a un Plan Nacional Transitorio (PNT) o a la denominada exención por vida limitada.
El PNT se aplicará entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2020 y las instalaciones que se acojan a él no tienen que cumplir con los Valores Límite de Emisión generales, pero a cambio deben cumplir con unos topes anuales de emisión (toneladas/año), topes que se van reduciendo con el tiempo.
Las instalaciones que opten por la exención por vida útil limitada, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2023, se comprometen a no hacer funcionar la instalación más de 17.500 horas operativas hasta 2023, momento en que deberán apagarse.
Aclara el Ejecutivo que "la mayoría de las centrales térmicas se han acogido al PNT nacional" y "con este abanico de posibilidades los titulares de las centrales de carbón disponen del marco ambiental futuro y optarán por las soluciones que consideren más adecuadas de inversión, forma de utilización de las centrales o cierre de instalaciones, soluciones que todavía se desconocen".
En conclusión, si centrales como Compostilla II sigue sin emplear su moratoria para adaptar sus grupos a la normativa de emisiones -cuya inversión estimada ronda los 200 millones de euros- entraría en la vía de la Vida Útil Limitada, y sólo entraría a producir en 17.500 horas hara 2023, momento en que se produciría el cierre.
El Gobierno ha explicado esta doble vía normativa en respuesta a una pregunta escrita presentada por IU sobre el futuro de las centrales térmicas de país y sus planes de inversión en adaptación de sus instalaciones.