El programa de ayuda a parados de larga duración que pondrá en marcha el Gobierno tras las negociaciones con los agentes sociales tendrá una vigencia inicial de 15 meses y un coste estimado de entre 1.000 y 1.200 millones de euros. Así lo indicaron este jueves en rueda de prensa los secretarios de Acción Sindical de CCOO y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, que señalaron que el próximo lunes se firmará el acuerdo con el Gobierno en La Moncloa.
En principio, el programa, que comenzará el próximo mes de enero, se prolongará hasta el 15 de abril del año 2016. Sin embargo, tres meses antes, en enero de dicho año, el Ejecutivo y los interlocutores sociales analizarán su desarrollo y decidirán si se prorroga o no, en función de la situación general del empleo y, en particular, del colectivo de larga duración.
El programa, que recoge una prestación de 426 euros (el 80 por ciento del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples), beneficiará a entre 400.000 y 450.000 personas. Esta prestación permitirá que la tasa real de cobertura de la protección frente al desempleo, que en la actualidad es del 57,1 por ciento, suba entre siete u ocho puntos a mediados de 2015.
El secretario de Acción Sindical de UGT explicó que este programa supone un "compromiso de actividad" para el desempleado. Se trata, indicó, de que esa persona acuda al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a que le hagan un itinerario, demostrar que está activamente buscando empleo y hacer formación si fuera necesario para "reciclarse".
Por su parte, el SEPE se encargará de ofertarle un empleo en función del itinerario que se le haya realizado. Si durante los seis meses en que se puede cobrar la ayuda de 426 euros el desempleado encuentra trabajo, éste será compatible con recepción de esta prestación. En este sentido, los responsables sindicales explicaron que el coste laboral del trabajador "lo cofinanciará" el SEPE.
Górriz destacó que el objetivo fundamental era "evitar que los parados de larga duración quedasen excluidos de manera permanente" del mercado laboral, además del aumento de la tasa de cobertura y la reducción de la desigualdad. De esta manera, se han tomados medidas para favorecer a quienes tienen los "problemas más acuciantes" y "evitar la cronificación" del desempleo.
Por su parte, Ferrer afirmó que este acuerdo "no es el final del proceso" de diálogo social, aunque reconoció que si no se hubiera alcanzado un pacto sobre esta medida "no hubiera tenido más recorrido".
En este sentido, los sindicatos recordaron que hay que "seguir trabajando" en la red de protección social del Estado, alcanzar acuerdos sobre la Ley de Inspección o que se abra la Mesa de los Empleados Públicos.