El Juez Eloy Velasco envía a prisión sin fianza al presidente de Diputación, Marcos Martínez

El juez acepta la petición del Fiscal Anticorrupción y en su auto determina el ingreso en prisión incondicional del presidente de Marcos Martínez, que en las próximas horas ingresará en Soto del Real

30 de Octubre de 2014
Actualizado: 21 de Diciembre de 2014 a las 20:40
Guardar
20141030_022
20141030_022
Furgón policial con los detenidos, escoltado (ICAL) Furgón policial con los detenidos, escoltado (ICAL)

El juez Eloy Velasco acepta la petición del Fiscal Anticorrupción y en su auto determina el ingreso en prisión incondicional del presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, que en las próximas horas ingresará en Soto del Real

20141030_021

Se prevé el ingreso del presidente de la Diputación de León en la cárcel de Soto del Real en las próximas horas. Justo este 30 de octubre 'celebra' cinco meses como presidente de la institución provincial, donde sustituyó a la asesinada Isabel Carrasco. También ingresa en prisión incondicional el 'conseguidor' Alejandro de Pedro, vinculado con la empresa de asesoramiento e imagen EICO, empresa investigada por la operación y que mantenía contratos con la Diputación.

De esta forma el juez Eloy Velasco ha aceptado la petición de la Fiscalía de prisión incondicional sin fianza para Marcos Martínez tras su interrogatorio en la Audiencia Nacional, tras ser detenido el pasado lunes en el marco de la Operación 'Púnica'.

El presidente de la Diputación de León ha prestado esta mañana declaración en la Audiencia Nacional frente al juez Velasco. La comparecencia ha durado alrededor de una hora, ya que sus declaraciones han finalizado pasadas las 12.30 horas, tras haber entrado minutos antes del mediodía. Acto seguido el Fiscal Anticorrupción ha pedido su ingreso en prisión sin fianza, petición a la que ha accedido el juez, como ha hecho con las anteriores solicitudes fiscales en el marco de esta operación contra la corrupción.

Libre pero imputado uno de los 'conseguidores' de EICO de adjudicaciones en la Diputación

El juez de la Audiencia Nacional ha achacado este miércoles en un auto a uno de los imputados, Francisco Eduardo Ruiz Valenzuela, tres presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y fraude como "conocedor y cooperador necesario", dando por hecho que negoció junto a Alejandro de Pedro contrataciones de la trama nacional en la Diputación de León.

Se trata de la primera decisión conocida que relaciona a la trama 'Púnica' con corrupción en el seno de la Diputación de León. Ruiz Valenzuela quedó en libertad este miércoles pero imputado por tres delitos: organización criminal, tráfico de influencias y fraude. Delitos que habían podido cometerse precisamente en contratos y adjudicaciones de la Diputación leonesa, bien materializados o en grado de tentativa.

La trama

El magistrado Velasco sospecha que esta trama podría haber cobrado entre el dos y el tres por ciento de cada contrato suscrito con la administración, lo que podría haber supuesto el desvío de unos 250 millones de euros en los últimos dos años, según las estimaciones de la Fiscalía Anticorrupción.

La personalidad política más relevante entre los detenidos es Francisco Granados, 'número dos' de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. En la lista también figuran el presidente de la Diputación de León y alcalde de Cuadros, Marcos Martínez; o los alcaldes de Valdemoro, José Carlos Boza (PP); Parla, José María Fraile (PSOE); Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); Casarrubuelos, David Rodríguez (PP); Collado Villalba, Agustín Juárez (PP), y Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (UDMA).

La organización, que actuaba en Madrid, Murcia, Valencia y León, se habría dedicado a mediar entre empresarios y políticos con influencias en el ámbito municipal, regional y de la Diputación para conseguir contratos públicos en la gestión de servicios difícilmente objetivables como el de eficiencia energética. Según fuentes jurídicas, este sería el caso de la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez. A cambio los políticos recibían comisiones ilegales que se blanqueaban a través de un complejo entramado societario.

En todo caso, la clave para la detención de Martínez parece estar más estrechamente relacionada con la contratación de los servicios de asesoramiento en Comunicación a la empresa valenciana EICO (ver noticia) que es otra de las imputadas en la operación.