El auto emitido este miércoles al Consistorio recoge la ejecución de la resolución una vez transcurrido el plazo de dos meses para proceder a hacer efectiva la decisión judicial contenida en la resolución. Si es un plazo de 20 días el Ayuntamiento no hace cumplir dicha resolución, el magistrado advierte que se tomarán "medidas oportunas" para lograr su efectividad, "mediante la imposición de multas coercitivas de 150 a 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes involucrados en el cumplimiento de la resolución. Además, según el auto, se deducirá el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.
Por otro lado, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo también obliga al Ayuntamiento a hacerse cargo de las costas del proceso. Cabe recordar que la decisión de anular el pleno de Sábado Santo de 2013 fue adoptada por el Juzgado de los Contencioso nº 3 de León y confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tras la demanda que interpuso el Partido Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada. El objetivo de los demandantes era conseguir la devolución de los sueldos percibidos por el bipartito durante los dos años de mandato y que, en un primer momento cifraron en 900.000 euros, para, en posteriores convocatorias, dejar esa cantidad en 520.000 euros.
Según el informe jurídico, la devolución de los salarios de dos años afectaría a los ediles no adscritos con dedicación exclusiva Samuel Folgueral, Santiago Macías y Fernando Álvarez y excluiría a los tres miembros de IAP en el equipo de Gobierno en aquel momento: Emilio Cubelos, Cristina López y Sergio Gallardo, "dado que no tuvieron ninguna intención de beneficiarse de la convocatoria al no haber cambio de grupo político". El siguiente paso será llevar a pleno la sentencia, o por lo menos así lo ha manifestado en numerosas ocasiones la alcaldesa de Ponferrada, Gloria F. Merayo, quien también ha insistido siempre en que el Ayuntamiento está dispuesto a dar cumplimiento a la sentencia del TSJCyL.
El auto judicial fue notificado al Ayuntamiento el miércoles, lo que impidió incluirlo en el orden del día del pleno del viernes aunque podría abordarse al ser ordinario.
"La ejecución de la sentencia puede suponer un trastorno para las arcas municipales"
Por su parte, el anterior equipo de Gobierno de Ponferrada, con Samuel Folgueral a la cabeza, asegura estar muy tranquilo, "a pesar de que todavía no nos ha llegado la información por parte del Consistorio, como ocurre en la mayoría de los casos". Según apuntan siguen considerando que la ejecución de la sentencia puede suponer un gran trastorno para las arcas municipales, por no hablar de que habría que volver a los sueldos anteriores. En vez de las 4,85 dedicaciones exclusivas que aprobó el bipartito tendrían las anteriores, que eran muchas más, y eso supondría una cantidad muy superior a lo que se cobró. Tanto Folgueral como Macías y Álvarez deberían obtener el devengo de sus sueldos por el trabajo acometido, en el que pasarían a cobrar lo que le correspondía a sus antecesores.
En este sentido, reiteran que ese pleno del Sábado Santo de 2013 se convocó por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, quienes informaron de la validez del mismo. "Si hubiese alguna responsabilidad patrimonial ya se verá quién es el que tiene que devolver el dinero". Sin embargo, consideran que el único objetivo de todo este asunto es desacreditar a Folgueral y a sus compañeros, incluyendo la toma de posesión del concejal de IAP Sergio Gallardo, que se ejecutó como fue requerido.