El Gobierno impulsará "de inmediato y de forma inequívoca" el mecanismo para incentivar la compra de carbón autóctono por parte de las compañías eléctricas a través de una propuesta de orden que se analizará el próximo martes en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón. Ese mecanismo ya tiene nombre: Real Decreto de pago por capacidad para la desnitrificación de centrales de carbón autóctono, que sustituye al Real Decreto de Garantía de Suministro.
Este es el compromiso que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, arrancó ayer al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una conversación telefónica que se produjo en la noche del pasado jueves, después de la reunión que parlamentarios del PP de León mantuvieron con el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.
Fue un encuentro que el presidente del PP provincial, Eduardo Fernández, califica de "tenso", y en el que los diputados y senadores populares trasladaron a Soria su "hartazgo" y su "exigencia" de que se den pasos concretos para evitar la debacle que se avecina sobre el sector del carbón, según señaló en declaraciones que recoge la agencia ICAL.
Conscientes de que el mecanismo de incentivos caducado el pasado 31 de diciembre no puede reeditarse, la fórmula que se plantea es la de aprovechar las obligaciones medioambientales que las eléctricas tienen que cumplir con la Unión Europea para que se conviertan "en una oportunidad" para el carbón nacional.
De esta forma, el Gobierno subvencionará al cien por cien las inversiones que se tengan que realizar en las centrales térmicas para acometer las obras de adaptación a la normativa europea, unas ayudas "suficientemente importantes" como para que las eléctricas tengan un incentivo para comprar carbón autóctono. El coste ascendería a unos 400 millones de euros que se invertirían en los próximos cuatro años, una cifra "asumible" que puede suponer la salvación de las mineras.
Para salvar la producción durante el periodo que discurra hasta la entrada en vigor del mecanismo, la exigencia de la Junta es que se vincule la recepción de estas ayudas por parte de las eléctricas a la compra de carbón en contratos de largo recorrido en el tiempo. "Se trata de una contrapartida", asevera el presidente del PP provincial, por la que se subvencionan "inversiones cuantiosas".
Compostilla II ya absorbería la mitad de esa partida
En el caso de Compostilla II, ya necesitaría la mitad de todo ese coste, puesto que Endesa estima que serían necesarios unos 200 millones para adaptar la central a la nueva normativa europea e emisiones.
La central se encuentra acogida a la exención por vía útil; una moratoria rectificable hasta octubre para comunicar a Europa el plan de modernización de la central. De rechazar este extremo y declinar la modernización -y por extensión también la obligación de que esta central compre carbón según el nuevo Decreto- tendrá autorizadas un total de 17.500 horas operativas hasta 2023, año en que, de no haberlas agotado antes, los grupos deben apagarse.