Nadal fue interpelado en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta por el senador leonés del Grupo Socialista, Craciliano Palomo, quién le preguntó por los “planes” del Gobierno para que las centrales térmicas productoras de energía eléctrica adapten sus instalaciones a la Ditrectiva Europea de emisiones industriales y puedan seguir operando más allá de 2020. “Todo lo que esté en nuestra mano”, contestó Nadal antes de añadir que el Gobierno y el Grupo Popular son “los únicos que hemos dicho de todo el arco parlamentario que queremos que el carbón siga formando parte del mix energético nacional de aquí a 2030”.
Palomo le acusó en su réplica de no contestar a la pregunta y tratar de echar balones fuera ya que, dijo, la ley “reserva al Gobierno” la autorización previa al cierre definitivo o la modificación de centrales productoras de energía eléctrica por lo que el “Gobierno tiene la última palabra” y, a su jucio”, ninguna compañía puede planificar el cierre de las centrales actuales “sin haberlo consensuado antes con el Gobierno”.
En este punto, el senador socialista se refirió, sin nombrarla directamente, a la eléctrica italiana Enel que “nos anuncia desde Roma que piensa cerrar las centrales de Compostilla, en León, y de Andorra, en Teruel”. Eso, dijo, provocará “la pérdida de miles de empleos y la ruina de comarcas enteras”, algo que a su juicio es “ilegal e inaceptable”.
Según añadió el Gobierno “ha dado pie” a esta decisión de Enel con su “política cruel de castigo a la minería española”. Según explicó, “hasta ahora” tenían la excusa del precio pero “tras el último invierno tampoco tienen ese argumento” porque en diciembre y enero pasados “el precio internacional del carbón superó en un 20 por ciento al carbón nacional”.
Además, añadió, que el Ministerio de Energía cuenta desde noviembre de 2015 con un “informe confidencial” en el que se dice que “las centrales térmicas con carbón autóctono son imprescindibles para la seguridad del suministro eléctrico” en nuestro país.
Palomo exigió al Gobierno que se deje “de maniobras de despiste” y tome una “decisión estratégica” al respecto. “Deben implementar las medidas legales y económicas” para que centrales como Compostilla, Andorra y otras “inviertan en dispositivos anticontaminantes y cumplan la normativa europea”. De lo contrario, advirtió, “quedará claro” que el Gobierno “opta por el cierre de las centrales de carbón” como estrategia para prorrogar la vida útil de las centrales nucleares. “Si cierran la mayoría de las centrales de carbón nos dirán que no queda más remedio que renovar las nucleares para tener producción eléctrica asegurada”, concluyo.
Responsabilidad de Zapatero
El ministro Nadal, en tono duro, acusó al PSOE de buscar responsabilidades “donde no las hay” ya que, a su juicio, “las tienen ustedes en su gestión anterior”. En este punto acusó al Gobierno de Rodríguez Zapatero de traer a España “como propietaria de la principal eléctrica española” a la empresa pública italiana Enel a la que “no le importa, para hacer política de empleo en Italia, generar desempleo en España”.
Así remarcó que fue el Gobierno socialista el que lo hizo “pese a las advertencias del PP de que no era ninguna buena idea” porque se hace “política a favor de los ciudadanos italianos a costa del consumidor español y de los trabajadores españoles”. A su juicio ese es el “origen del problema” al que nos enfrentamos ahora con el anuncio “que se hace desde Roma” sobre el futuro de los empleos en las centrales térmicas de Teruel y León.
Además acusó al PSOE de haber dado la espalda al carbón como fuente de energía eléctrica en el futuro. Así, desveló que en mantuvo en enero una reunión con los responsables del Grupo Socialista en el Congreso en la que les hizo “dos preguntas”. Una, dijo, fue si el PSOE quiere que el carbón esté en el míx energético nacional. “Estamos en mayo y todavía no he tenido respuesta”, aseguró. La otra, prosiguió, fue si le apoyarían un decreto ley “para que cuando alguien plantee el cierre de una central de generación establezcamos las condiciones en las cuales se puede cerrar o no” así como “las codiciones que tienen que cumplir después”. La respuesta fue “primero, que se lo tenían que pensar y, después, que no lo veían”, afirmó.
No es cierto, añadió en este punto, que la ley otorgue al Gobierno “la última palabra” sobre el cierre de una central sino que sólo tiene esa potestad “en el caso de que Red Eléctrica de España considere que es imprescindible para el suministro”. Por eso, explicó, el Gobierno quería sacar adelante un decreto ley al respecto que necesita el apoyo del Congreso.
“Tendrá que pedirle explicaciones a su Grupo en el Congreso y no al Gobierno de España que quiere aprobar esa ley que va a ayudar muchísimo a ordenar el mix energético de nuestro país”, señaló al respecto.