Tras reconocer los hechos, el obispo ha remitido una carta a una de las víctimas, concretamente al denunciante, pidiéndole perdón por la situación que tuvieron que vivir cuando apenas tenían 14 años y eran internos del centro. En la misiva, Menéndez expone que "sé muy bien que nada en este mundo podrá reparar suficientemente el daño causado". La persona que decidió dar el paso y denunciar al párroco, F.L., lo hizo a través de dos cartas enviadas al Papa Francisco en las que narraba lo ocurrido tras conocer públicamente un caso muy similar en Granada. De hecho, la víctima ha asegurado que al igual que él hubo otros menores que sufrieron los abusos y que dos de ellos llegaron incluso a denunciarlos cuando se produjeron al rector del seminario sin que se tomaran medidas.
Fue en ese momento cuando el Obispado de Astorga siguió los protocolos establecidos levantándose la prescipción canónica para poder realizar un proceso administrativo pena en la diocésis y constatar la veracidad de los hechos. Según publica la Opininión de Zamora, el prelado explicó que como conclusión del proceso se impuso al sacerdote la pena pertinente que éste aceptó con espíritu de humildad y arrepentimiento. Por eso, una vez conocida la resolución adoptada, Ramos Gordón pidió la jubilación de todos sus cargos, petición que el obispo aceptó en agosto. "Desde entonces no tiene ninguna responsabilidad eclesial», confirmaron fuentes del Obispado.
El sacerdote, cura de varias parroquias de la comarca zamorana durante 26 años, permanece apartado desde el 1 de julio de 2016, cuando un decreto firmado por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, acordó la “privación del oficio de párroco durante un periodo no inferior a un año, en el que tendrá un seguimiento tutelado por un sacerdote, realizará ejercicios espirituales de mes y desarrollará labores asistenciales a favor de los sacerdotes ancianos e impedidos, así como otras tareas caritativas”.
El obispo de la Diócesis de Astorga, en el cargo desde el 19 de diciembre de 2015, heredó este caso, del que le informaron puntualmente tanto su predecesor, Camilo Lorenzo Iglesias, como "los sacerdotes de la curia diocesana que han intervenido en el desarrollo del procedimiento", añade el rotativo.
El de José Manuel Ramos Gordón es el primer caso de pederastia verificado, reconocido y castigado por la Iglesia católica -a través de la Santa Sede- que trasciende en Castilla y León. La acusación fue admitida por el propio religioso durante el proceso canónico penal abierto por El Vaticano y que ha instruido el Obispado de Astorga. El cura había ocupado durante 26 años el puesto de párroco en Tábara y otros pueblos cercanos, cargo que compatibilizaba con el de delegado de Patrimonio de la Diócesis. Ahora, con la reorganización de la curia, Menéndez ha nombrado una comisión para velar por el legado cultural de la diócesis.