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El pleno de Ponferrada da curso a la anulación del ‘macrocontrato’ a FCC con la abstención de USE y CpB

Acatada la sentencia, se procederá a convocar la mesa de contratación para revisar la licitación siguiendo las pautas que marca el juez y abrir un nuevo concurso

  Viernes, 17 de febrero de 2017

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La alcaldesa de Ponferrada junto a la edil de Hacienda/ César Sánchez/Ical

El pleno del Ayuntamiento de Ponferrada de este viernes ha aprobado, con 18 votos a favor (PP, PSOE, PRB, PeC y Ciudadanos) y las abstenciones de los concejales de USE Bierzo y Coalición por El Bierzo, la anulación de la adjudicación a FCC del ‘macrocontrato’ de limpieza, recogida de residuos y mantenimiento de parques y jardines. Con esta medida, el Consistorio da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que echó abajo la adjudicación del servicio tras una denuncia formulada por Urbaser, otra de las empresas que habían concurrido para ser adjudicatarias del servicio.

De esta forma, el siguiente paso a dar será “convocar la mesa de contratación para revisar la licitación, siguiendo las pautas que marca la sentencia y, así proceder a la liquidación del actual contrato para volver a sacar a concurso el servicio”. Entre tanto, la actual concesionaria estará obligada a mantenerse en el servicio durante el periodo que preceda a la nueva adjudicación y mientras se liquida el actual contrato.

En este sentido, la mayoría de las formaciones políticas de la corporación municipal coincidieron en que el cometido de este pleno “no es otro que acatar lo que manda la sentencia y un juez”, pero también subrayaron el hecho de no estar de acuerdo con el procedimiento que se ha llevado a cabo y con la demora del mismo.

El portavoz del PRB, Tarsicio Carballo, insistió en la necesidad de romper “la serie de vicios que están ligados a esta adjudicación desde el principio”. “Hay que convocar la mesa y sacar a concurso el servicio de una manera estudiada y con el consenso de todos, porque no nos podemos permitir seguir enmendando chapuzas como esta”. Aunque no era el asunto del día, Carballo recordó que, a su modo de ver, “este servicio tendría que ser público y no encomendado a una empresa privada”.

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Portavoz de PeC, Miguel Ángel Fernández / César Sánchez/Ical

Por su parte, Miguel Ángel Fernández, portavoz de Ponferrada en Común, quiso hacer reflexionar a los presentes en el salón de plenos sobre “cuáles han sido los motivos que nos han traído hasta aquí”. “¿Por qué se concedió a esa empresa el servicio con esas deficiencias? o ¿Por qué la mesa de contratación no valoró las condiciones que ahora mismo el Juzgado nos presenta?”, cuestionó. Fernández también remitió contra el equipo de Gobierno por su falta de celeridad en todo el proceso desde el pasado mes de junio, cuando fue pública la sentencia. “Hemos tenido tiempo suficiente para corregir los defectos y no limitar el proceso hasta hoy”. “Esto era un cumplimiento de la sentencia y se podía hacer por decreto, por lo tanto ¿por qué no se hizo?”. En su parlamento, el concejal de PeC insistió en la cola que esta anulación puede conllevar para el Ayuntamiento, “porque Urbaser puede pedir daños y perjuicios por los errores, como también puede hacerlo la empresa a la que vamos a rescindirle el servicio”.

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Samuel Folgueral, portavoz de USE / César Sánchez/Ical

También con los votos a favor del PSOE y de C’s, el portavoz socialista denominó este contrato y, por ende, la sentencia “como una hipoteca económica y democrática para la ciudad de Ponferrada”. “Las acciones pasadas revierten en las nuevas corporaciones que tienen que hacer frente a herencias que ponen patas arriba un Consistorio, por no hablar del perjuicio a los trabajadores hasta el punto de perder parte de sus derechos”, prosiguió. “Por ello, desde el Partido Socialista consideramos que debería haber responsabilidad política y patrimonial”.

Pedro Muñoz, representante de Coalición por El Bierzo, lamentó que no hubiera sido la alcaldesa la que por decreto convocara la mesa tras acatar la sentencia teniendo que celebrar este pleno, “en el que nadie creo que esté dispuesto a contradecir a un juez”, ironizó. No obstante, la Secretaria técnica matizó que corresponde, precisamente, al pleno, tomar esta decisión “dado que fue el órgano que aprobó la adjudicación”. Muñoz insistió en que “no creo que el contrato sea nulo ni el pleno tampoco, sino que el juez pide que se retrotaigan los actos administrativos para que se vuelva a conceder el servicio. Nos hemos empeñado en declarar nulo algo que no nos corresponde a nosotros”.

Previamente a la intervención de Amparo Vidal por parte del Partido Popular, USE Bierzo, a través de Samuel Folgueral, hizo un repaso de cómo se llevó a cabo el proceso de licitación con FCC, y apostilló que “esta sentencia, que tenemos que aceptar sin fisuras para proceder a la mesa de contratación, responde a una esquizofrenia judicial del actual equipo de Gobierno”.

Vidal concluyó la sesión asumiendo que “hoy estamos aquí porque tenemos que solucionar un problema que afecta a toda la ciudadanía y a los trabajadores, venga de donde venga, porque ahora este es nuestro cometido. “Seamos los que cumplamos el fallo de la manera en la que se nos dice y que la mesa de contratación haga lo que tenga que hacer”, sentenció.

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Fotos del pleno de este viernes: César Sánchez/Ical

Cabe recordar que este contrato realizado en el mandato anterior -por el bipartito- se cerró por un periodo de 17 años (más tres prorrogables) a razón de 5,8 millones de euros cada uno de ellos, lo que lo convertía en uno de los más importantes del Ayuntamiento. En junio de 2016 el TSJ estimó las alegaciones presentadas por la empresa Urbaser e instó al Ayuntamiento a corregir las puntuaciones técnicas y económicas a las que se acogió para adjudicar el servicio a FCC. Urbaser, que había presentado una oferta más ventajosa desde el punto de vista económico, había apelado en su recurso a que la mesa de contratación había revocado “de un modo injustificado e improcedente” la puntuación que el comité de expertos constituido al efecto le había concedido, algo que la empresa tachó de “actuación de arbitrariedad administrativa” y el TSJ calificó de “trato desigual no justificado debidamente”.

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El Comité de FCC en el pleno de este viernes: César Sánchez/Ical


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