El portavoz socialista, Olegario Ramón, uno de los promotores de la iniciativa
El portavoz de Pec, Miguel Ángel Fernández, también defendió la municipalizaciónCon los votos en contra de PP, USE, Ciudadanos y Coalición por El Bierzo y la abstención del PRB, el pleno extraordinario de este viernes ha echado por tierra la propuesta del PSOE y de PeC de iniciar los trámites para la gestión directa del Servicio Público del Transporte Urbano de Viajeros de Ponferrada. El sometimiento al plan de ajuste y el encaje de los trabajadores en la plantilla municipal fueron dos de los argumentos en contra utilizados por el resto de grupos políticos, varios de los cuales se mostraron partidarios de la gestión pública como filosofía política.
Los dos promotores de la propuesta se mostraron extrañados por la "celeridad" con la que se han elaborado hasta cuatro informes municipales al respecto. El portavoz de Ponferrada en Común, Miguel Ángel Fernández, incluso sembró dudas al decir que algunos documentos "rayaban lo tendencioso", lo que motivó una solicitud de rectificación por parte de la alcaldesa, la popular Gloria Fernández Merayo, que no fue atendida.
"Ciudad de miedos y contradicciones", según el PSOE
También se sorprendió de la "celeridad" el portavoz socialista, Olegario Ramón, quien consideró que los informes se deberían haber limitado a la propia convocatoria del Pleno dejando para más adelante los referidos al fondo del asunto. "Da la sensación de que estamos en una ciudad de miedos y contradicciones", dijo Ramón tras acusar a USE (Unidad Social de Electores) Bierzo de erigirse ahora en defensora de lo público cuando en el mandato de su portavoz, Samuel Folgueral, "se sacó a licitación hasta el aire que se respira".
"No hay ningún miedo ni ninguna contradicción", replicó la portavoz popular, Amparo Vidal, ya en la parte final de una sesión extraordinaria en la que se repitieron argumentos utilizados en días pasados para defender o rechazar la propuesta. Uno de los más recurrentes por los partidos posicionados en contra de la municipalización fue el contenido de los informes (de Secretaría, Tesorería, Movilidad y Personal). "Unos dan razones a favor y otros en contra", terció el portavoz del PSOE, para quien la discusión no se debe enfocar en términos legales ("jurídicamente es posible" esta opción, afirmó) sino de gestión. "Y los municipios gozan de autonomía", añadió tras reiterar puntos a favor como el ahorro del beneficio industrial.
Varios trabajadores del TUP desplegaron una pancarta contraria a la municipalización / César Sánchez/ICALLos trabajadores también se posicionan en contra
El caso es que varios de los otros grupos se habían posicionado en contra aludiendo precisamente a esos informes. "El gran problema son los empleados. Aunque el Ayuntamiento los subrogaría provisionalmente, al final tendrían que pasar por una oposición. Y eso es un hándicap importante", señaló el portavoz del Partido Regionalista del Bierzo, Tarsicio Carballo, en su primera intervención apenas unos minutos después de que varios trabajadores exhibieran una pancarta que rezaba "Municipalización = despidos. No a la municipalización". "Se ha transmitido desde alguna parte el miedo a los trabajadores", precisó el portavoz de PeC, quien quiso lanzar un mensaje tranquilizador a la plantilla. Los informes señalan que los actuales empleados pasarían a la condición de infefinidos fijos con carácter temporal.
El sometimiento a un plan de ajuste con vigencia hasta 2022 también fue una alusión recurrente a la hora de descartar la posibilidad de crear una sociedad municipal, una fórmula que sí encajaría en otras circunstancias en el ideario de Coalición por El Bierzo, cuyos concejales, Pedro Muñoz e Iván Alonso, advirtieron además de que el inicio del expediente para la municipalización dilataría un proceso que ya acumula una prórroga de más de cuatro años.
"No es viable, en este momento, municipalizar", dijo la portavoz de Ciudadanos, Rosa Luna, quien se preguntó por qué PeC no planteó esta posibilidad "desde el primer momento", máxime cuando en lo que va de mandato se habían celebrado hasta quince comisiones informativas de Movilidad. El portavoz de USE, Samuel Folgueral, reiteró el planteamiento en contra realizado en la jornada del jueves e insistió en llamar a valorar la opción de conformar un transporte metropolitano. Lo dijo antes de confesar ya en el segundo turno su "tristeza" por el hecho de que no se haya buscado el consenso en una materia tan importante. Y finalizó abogando por que la legislación empiece a considerar la gestión directa como "prioritaria" y la indirecta como "excepcional", al revés de lo que sucede en la actualidad.
El tiempo apremia a sacar un nuevo contrato, defiende el PP
Después de que los promotores de la municipalización insistieran en ofrecer argumentos económicos ("si estamos subvencionando la ganancia de una empresa privada no sería mejor que nos autosubvencionáramos", apuntó Fernández) y de control sobre la prestación del servicio, el portavoz de CxB, Pedro Muñoz, instó a la "asunción de responsabilidades políticas" por el fracaso de la iniciativa. "Si usted fuera concejal de Movilidad y asumiera las consecuencias de municipalizar el TUP, yo le juro que le apoyo", le espetó al portavoz socialista.
El final al debate, que se prolongó por espacio de cerca de dos horas, lo puso la portavoz popular, quien desacreditó comparaciones realizadas por el PSOE al respecto del funcionamiento del servicio de transporte público por parte directa en otros puntos con el ejemplo de Santander, donde las líneas subcontratadas "son más baratas". Vidal también aseguró que "el tiempo apremia" a la hora de dar solución a un contrato que lleva en situación de prórroga desde el año 2012.
Vidal, recordó la existencia de un mandato plenario de fecha de 31 de mayo de 2013 que obliga a elaborar un nuevo pliego para la concesión del servicio. “No ha habido otro asunto al que se le hayan dado más vueltas”, explicó Vidal, que recordó la celebración de hasta 15 comisiones informativas sobre el asunto en lo que va de mandato. La portavoz del PP se mostró “preocupada” por la situación de ilegalidad que arrastra el servicio desde hace cuatro años y por el “tirón de orejas” que cada año da el Tribunal de Cuentas al Ayuntamiento por los retrasos en la concesión.