Con esta iniciativa, que se materializa como proposición de ley para la modificación mediante un artículo único del Estatuto del Consumidor de Castilla y León, aprobado en marzo de 2014, se pretende mejorar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios al favorecer las reclamaciones y demandas, facilitar el acceso a este servicio de personas con discapacidad, aumentar la seguridad y protección del medio ambiente y aumentar el empleo al evitar que gasolineras atendidas pasen a estar desatendidas.
Estos fueron los argumentos esgrimidos por el portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo, en la presentación, en rueda de prensa, de la proposición de ley, que confió en que concite el acuerdo del resto de formaciones de la Cámara y se pueda aprobar cuanto antes. “Ese es nuestro deseo”, precisó.
Fernández Carriedo manifestó que existen 1.300 estaciones de servicio de venta al por menor en Castilla y León de las que 60, en su mayoría en polígonos industriales, no están atendidas por un trabajador y calificó de “cálculo muy prudente” la creación de 200 empleos, dado que habrá al menos una persona en distintos horarios y festivos.
“Si no se regula puede ir a más”, argumentó en relación a que uno de los objetivos de la propuesta, que no es nueva en la Comunidad porque se ha empezado a regular ya en otros territorios, es evitar que estaciones ahora atendidas dejen de estarlo por ahorro de la empresa y proliferen más servicios sin un trabajador.
Liberalización del sector
La aprobación en 2013 de la ley de Medidas de Apoyo al Emprendedor y de Estímulo del Crecimiento y de la Creación de Empresas regula la liberalización de la instalación de estaciones de servicio de carburantes en polígonos industriales, así como en otras zonas, con la posibilidad de funcionar a través de mecanismos automáticos.
Este hecho está provocando la proliferación de estaciones de servicio de carburantes no atendidas, lo que provoca problemas en el derecho de los consumidores y usuarios, a las personas con discapacidad a la hora de acceder a este servicio, al medio ambiente ante el tipo de productos que se suministran y, finalmente, al empleo vinculado al sector.
Según se recoge en los antecedentes de la proposición de ley, la falta de una persona en las estaciones de servicio de repostaje ha provocado la “reacción” de la patronal y de los sindicatos del sector, así como de las asociaciones de consumidores y usuarios que han trasladado en distintas ocasiones este problema.
En su propuesta, el Grupo Popular modifica un artículo con una nueva disposición adicional en relación a las instalaciones de venta al público al por menor de gasolinas y gasóleos de automoción para que dispongan mientras estén abiertas y en horario diurno al menos de una persona, debidamente formada y responsable de los servicios que se prestan.
Además, recoge que las personas con discapacidad que no puedan acceder al servicio serán atendidas por una persona responsable de las instalaciones. También, refleja el texto registrado por el PP que la concreción del horario diurno se realizará por resolución del órgano directivo central competente en materia de consumo.
En el caso de estaciones de cooperativas agrarias, Fernández Carriedo explicó que no afecta dado que son unas entidades que dan un servicio a sus asociados, si bien en el caso de que la venta sea a particulares y público en general, si tendrían que cumplir lo previsto en la ley.