IU-Fabero quiere proteger al municipio del futuro empleo o promoción de este tipo de industria extractiva. A tal motivo, la formación ha registrado una moción para su debate y votación en el próximo pleno, con la que esperan lograr un posicionamiento institucional que cierre la puerta al uso de esta técnica.
En ella indican que “la fractura hidráulica o fracking es una técnica para la extracción de gas no convencional que plantea en la actualidad importantes interrogantes sobre la salud de las personas y sobre las afecciones al medio ambiente, tanto en los usos agrícolas del suelo, como las relacionadas con el medio natural, fundamentalmente por la posibilidad real de contaminación de los acuíferos subterráneos y, a partir de ellos, del agua superficial dada la inyección de productos tóxicos y contaminantes que resultan imprescindibles en esta técnica. Además representa una amenaza sobre la seguridad en materia de riesgos geológicos a raíz de los movimientos sísmicos que podrían producirse”.
Estas circunstancias hacen incompatible el fracking, considera IU, con los objetivos planteados por Europa para un modelo de desarrollo sostenible, “incumpliendo varias normas, especialmente la Directiva Marco del Agua”. En España, la Comunidad Autónoma de Cantabria y La Rioja ya han legislado la prohibición del fracking, y otras están en tramitación de Proposición de Ley con la misma finalidad.
Asimismo, el Ayuntamiento de Fabero aprovechará todas las competencias que le han sido otorgadas a través de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y todos los instrumentos técnicos, administrativos y jurídicos que estén a su alcance para paralizar los permisos de investigación y extracción que se hayan solicitado o pudieran solicitarse en su término municipal que utilicen el fracking para la obtención de gas no convencional.
También, instan a las Cortes de Castilla y León a elaborar y aprobar, a la mayor brevedad, un proyecto de Ley que prohíba en la Comunidad de Castilla y León el fracking. Y al Gobierno le insta a aplicar el “recurso al principio de precaución” prohibiendo como Estado miembro de la Unión Europea en sus ámbitos competenciales el empleo de la técnica de la fractura hidráulica o fracking por demostrarse sus nefastos efectos potenciales sobre el medio ambiente y la salud de las personas.