Gloria F. Merayo, este viernes en el Ayuntamiento. (César Sánchez/Ical)La alcaldesa de Ponferra, Gloria F. Merayo, ha exigido este viernes al anterior equipo de Gobierno liderado por Samuel Folgueral que dé la cara y explique "cómo ha sido posible cerrar un contrato de tal magnitud con tantas irregularidades de por medio". La sentencia firme del Tribunal Superior de Castilla y León que declara nulo el contrato de los servicios de limpieza viaria y mantenimiento de jardines de FCC "es una catástrofe jurídica", dice, "que nos va a poner las cosas muy complicadas". Y es que el TSJ reconoce "una actuación de arbitrariedad administrativa” por parte de la Mesa de Contratación que se saltó a la torera el criterio del comité de expertos con respecto a la valoración de las mejoras que ofertaba la empresa Urbaser frente a FCC, así como otras irregularidades no contempladas en el pliego.
Merayo reiteró que no entiende como una Mesa de Contratación pude hacer caso omiso a un comité de expertos a la hora de desaconsejar la formalización del contrato. "Un contrato de 20 años que supone casi dos veces el presupuesto que tiene este Ayuntamiento", subrayó. En la misma línea, la regidora insistió en que "nadie hizo nunca tanto daño a tanta gente en tan poco tiempo", refiriéndose a la cantidad de "chapuzas" que el bipartito ejecutó durante su mandato. "Todas las gestiones que se cerraron con el señor Samuel Folgueral al frente han vulnerado la legalidad. Y si no vean con todo lo que nos hemos encontrado desde que llegamos". "Facturas impagadas del Mundial del Ciclismo, rescisiones de contratos de adjudicatarias de servicios públicos, la falta de tramitación de una subvención de empleo que ha dejado sin trabajo a 60 personas o el pago de la deuda con FCC de 1,3 millones, entre tantas otras cosas...¿Qué más falta por llegar? Pues creo que esto todavía no ha acabado", lamentó muy molesta.
Acompañada por los concejales de Hacienda y Medio Ambiente, Gloria recordó que el 'macrocontrato' con FCC asciende a 122 millones de euros para los próximos 20 años (17 más 3 prorrogables) y quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos "porque los servicios no se verán afectados". Aclaró a continuación que los servicios jurídicos del Consistorio ya están "estudiando la resolución judicial para negociar lo que sea necesario y solucionar este problema". Además, recalcó que, en cuanto lleguen los autos, "ejecutaremos la sentencia", algo que podría alargarse un mes.
"Ahora", concluyó la alcaldesa, lo que la sentencia obliga "es a volver a la fase de valoración y adjudicación del servicio", afirmando que "si existieran reclamaciones económicas que se deriven de la resolución se trasladarán a los responsables del anterior equipo de gobierno. Eso eso seguro".