Cuando todo parecía centrado en las cuantías que debe aportar la ULE en concepto de cobertura de déficit de las instalaciones deportivas del Campus -las piscinas climatizadas y el campo de Santa Marta-, o sobre el tiempo de duración del contrato por la futura adjudicataria, la alcaldesa ha puesto el foco en un nuevo plano, administrativo, que suma un escollo más en la resolución del conflicto que debería desembocar en la reapertura de las piscinas y el resto de instalaciones. Ya parece complejo que puedan abrir al menos hasta el otoño.
Y es que Gloria Merayo resaltó que "en tres meses que llevamos ejerciendo labor de Gobierno en el Ayuntamiento, no hemos tenido acceso a ningún documento del consorcio anterior. Ni siquiera hemos podido tomar posesión los nuevos representantes municipales porque no se convoca el consorcio", afirmó la regidora.
"Son documentos importantes a la hora de sentarse y sentar posiciones en la negociación".
Merayo afirma que su equipo lo ha intentado por todas las formas, pero "el rector dice que es la secretaria quien debe convocar el consorcio para que los nuevos representantes tomen posesión y quizás así tener acceso a los documentos que no nos aportan, pero la secretaria dice que debe hacerlo el anterior presidente, Don Sergio Gallardo, que ni está ni se le espera" porque "hemos enviado citaciones que no recoge". Por tanto "es difícil negociar las condiciones de la reapertura de las piscinas sin documentos en la mano de lo que ha sido la gestión hasta ahora".
Incluso la alcaldesa pretende remontarse hasta "los documentos donde se detalla cómo se cedió el suelo y en qué condiciones se autorizó a la ULE a construir las piscinas".
Lo que tiene claro la alcaldesa es que si "en esta semana no tenemos esa reunión para tomar posesión, igual tenemos que solicitar la ayuda judicial para convocar el consorcio".