Fernández Merayo sostiene que la sentencia retrotrae el proceso a la mesa de contratación, por lo que entiende que queda sin efecto el acuerdo por el que el Ayuntamiento de Ponferrada se hacía cargo del salario de ocho trabajadores, una medida que en su día motivó la desconvocatoria de la huelga en el servicio. La regidora asegura que tanto la compañía como la parte social conocían que el fallo judicial estaba a la vuelta de la esquina cuando se convocaron los paros: "No entendíamos por qué los sindicatos y la empresa no esperaban a la resolución de este contencioso. Ellos hicieron caso omiso. Y así se hizo constar en su día".
No teme la alcaldesa que la empresa se desentienda ahora de los trabajos diarios de mantenimiento una vez que conoce el fallo judicial. "Ellos tienen la obligación de continuar con el servicio", zanjó Fernández Merayo, quien reveló que FCC todavia no se ha puesto en contacto con el Consistorio para analizar la nueva situación. El Gobierno municipal sí se ha comunicado con otras compañías para ver la forma de resolver "este lío tan tremendo" procedente del pasado mandato.