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 Un nuevo informe del arquitecto municipal insiste en la ubicación inadecuada, el agravio a los aparcamientos y denuncia que las obras no se ajustan además al proyecto.
La empresa, por su lado, instó al consistorio a solucionar el problema del estacionamiento imponiendo un sistema de límite temporal de aparcamiento.
La empresa emprendió en febrero un contencioso contra la orden de derribo y sanción económica impuesta por el Ayuntamiento, lo que motivó un nuevo decreto de alcaldía paralizando el expediente sancionador hasta que se resolviera el litigio. Mientras, otra vía sí fue operativa, la tramitación de licencia de actividad, que ha obtenido del consistorio sin esperar esta vez al fallo judicial.
Hasta ahora se conocían los datos que motivaron el precinto de las obras, pero hoy hemos conocido más datos tras el reinicio de los trabajos del lavadero, que prepara su inminente apertura.
De lo que conocíamos, un informe del arquitecto municipal del 26 de noviembre de 2007 en el que se veta el aprovechamiento del sector en base a lo recogido en las ordenanzas del PGOU para zonas que carecen de sistema de ordenación definido, como es el caso del SSUNC-33, donde se ubica.
En base a ello, el alcalde deniega la licencia medioambiental, pero un escrito en forma de alegación de la empresa de diciembre de 2007 asegura que el contrato de adjudicación de la explotación de la estación de autobuses (cuya titular es la Junta) recoge un artículo, el 15.1, sobre el que se justifican para levantar un lavadero de coches. El problema es que dicho artículo recoge sólo el aprovechamiento del suelo para un servicio de desinfección, engrase y lavado de autobuses, no de vehículos particulares.
Alcaldía permite entonces la tramitación de la licencia medioambiental, contraviniendo en una primera ocasión la valoración del arquitecto municipal.
El problema fue que la empresa se adelantó, y construyó los túneles de lavado sin haber obtenido las licencias de actividad oportunas.
En ese momento trascendió a la prensa (Infobierzo) la construcción de este lavadero, lo que motivó una sanción urbanística de 13.000 euros y orden de reposición o derribo.  Nuevos datos
Hasta ahí lo conocido, a lo que hay que sumar que lo único sabido hasta el día de hoy es que las instalaciones permanecían en su sitio, aguardando una situación que hoy ha quedado de manifiesto.
De lo que ha pasado hasta ahora. El dos de mayo el arquitecto municipal redacta un nuevo informe a incluir en el expediente sancionador, en que se indica que el centro de lavado “suprime buena parte de los aparcamientos y su emplazamiento altera el sistema de circulación”, además de denunciar que lo construído “no se ajusta al proyecto presentado”, ocupando mayor espacio.
Ello fue contestado con un nuevo informe de la empresa que defiende la ocupación de plazas y asegura que el espacio disponible para aparcar “es suficiente para el aparcamiento denominado de tránsito, que se espera no supere los 10 minutos”. Lejos de quedarse ahí, la empresa recomienda al equipo de Gobierno que optimice los aparcamientos limitando el periodo de estacionamiento e imponiendo una tasa por ocupación temporal.
Paralelamente, en febrero, la empresa inicia un contencioso administrativo contra la orden de derribo y sanción económica, lo que deriva en un nuevo decreto de alcaldía que paraliza el expediente sancionador a cambio de un aval bancario mientras se resuelve el litigio judicial. Pero no todo permaneció suspendido hasta la resolución, y es que el consistorio entregó en marzo de este año en junta de gobierno la licencia ambiental, seguida del permiso de obra el 2 de abril y desprecinto.
El Ayuntamiento pidió recomendación a la Junta
El equipo de Gobierno solicitó a la Junta un pronunciamiento sobre la posibilidad de instalar un negocio privado en la zona de aparcamientos, contestado por el jefe de infraestructuras, José María Herranz de la siguiente forma: “El área de lavado es un servicio complementario de la estación y debe vincularse su funcionamiento”.
Escueta respuesta, que desoye el contrato de concesión otorgado por la propia Junta y que permite el lavadero pero sólo de autobuses.
Tanto administración autonómica como local desestiman además los dos informes negativos del arquitecto municipal.
Han sido datos todos aportados por el Grupo Municipal Socialista, recabados al percibir el inicio de los trabajos nuevamente.
El portavoz de Urbanismo, Alberto Zapico, no duda ya de que “el ayuntamiento se gobierna como su fuera un cortijo particular, y contraviniendo lo dicho por el arquitecto municipal”, y resume lo ocurrido en “una paralización del expediente de sanción y mientras se esperó para que se iniciara otro, sin saber cómo ni por qué, para obtener licencia”.
Por otro lado, considera “inaceptable que en un estacionamiento público se instalen negocios privados”.
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