La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) cuenta desde el año 2008 con un laboratorio para el análisis de restos de las exhumaciones, que se encuentra en el edificio del Campus de Ponferrada, cedido de forma gratuita por la Universidad de León (ULE).
Sin embargo, los cuatro profesionales que allí trabajan llevan tres años sin recibir ningún tipo de ayudas por parte del Estado, por lo que se plantean cerrar el laboratorio el próximo mes de enero.
Los responsables de este laboratorio, cuya labor se centra en identificar los restos de los cuerpos exhumados y devolverlos a sus familiares, tampoco están recibiendo remuneración alguna por desarrollar su trabajo, excepto las ayudas por desempleo que para varios ya se han agotado.
Son el vicepresidente de la ARMH, Marco González; el arqueólogo forense de Cataluña, René Pacheco; la auxiliar de arqueología, Nuria Maqueda; y el historiador Alejandro Rodríguez quienes se encargan en los últimos años de coordinar y realizar los desenterramientos de víctimas de la represión franquista, como en el último caso del cuerpo de Claudio Macías en la que fue su casa en Villalibre de la Jurisdicción, así como la pendiente exhumación de los restos de su hermano Arsenio en la curva de Villalibre.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero destinó 60.000 euros anuales entre los años 2007 y 2011, en base a la Ley de Memoria Histórica, pero el Ejecutivo de Rajoy no ha destinado financiación y en los últimos años la actividad del laboratorio ha sido posible gracias a aportaciones como la que realizó el pasado año el sindicato noruego.
Ahora, los cuatro trabajadores están a expensas de conseguir fondos a través de programas internacionales u otro tipo de colaboraciones, ya que tampoco las aportaciones de los 700 socios dan para pagar los sueldos de los voluntarios.