La Audiencia Nacional considera imposible investigar el presunto fraude en el cobro de las subvenciones por empresas bercianas del carbón

La investigación sobre el presunto fraude en las subvenciones al mineral comenzó en julio del año 2013. La Audiencia pide ahora el sobreseimiento de las actuaciones

  Jueves, 18 de mayo de 2017

carbon

La Audiencia Nacional considera imposible investigar el caso del presunto fraude en el cobro de ayudas al carbón, un asunto por el que el Juzgado de Instrucción número 5 de Ponferrada acabó por imputar a cinco empresas y doce empresarios mineros. El Ministerio Fiscal se muestra sorprendido por la falta de control sobre las cuantías de mineral que se producen, se suministran o se importan, según publica este jueves Diario de León.

Pese a alabar al juzgado ponferradino por la investigación llevada a cabo, la Fiscalía asegura que resulta “imposible establecer la veracidad o falsedad de las afirmaciones realizadas por las empresas mineras subvencionadas respecto a las cantidades de carbón efectivamente extraídas en la minería de interior”. Es por ello por los que solicita el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

La investigación sobre las ayudas, que gestionaba el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, se abrió en julio de 2013. Coto Minero Cantábrico, Unión Minera del Norte, Hullera Vasco Leonesa, Hijos de Baldomero García, Alto Bierzo y Carbones Arlanza (los empresarios permanecen por ahora en el anonimato) son las empresas investigadas por las ayudas recibidas entre 2007 y 2012. Se les acusa de falsear las condiciones demandadas para su concesión y ocultar posibles defectos.

El Juzgado de Ponferrada decidió inhibirse dado el volumen de información recopilado. Y ahora la Audiencia ve imposible “determinar con claridad indicios de responsabilidad criminal lo suficientemente sólidos como para determinar la continuidad del procedimiento”. Y alude por ello a circunstancias como el margen de tolerancia del carbón que se extrae, que ha llegado “a extremos del 35% sobre la producción a subvencionar”, lo que a la postre supone “enormes dificultades para concretar la cantidad efectivamente extraída”.


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