Por territorios, Valladolid fue la provincia que acumuló más despidos entre 2008 y 2015 hasta los 87.460, seguido de León (76.060), Burgos (55.290) y Salamanca (51.229). Completan el listado las provincias de Ávila, con 23.283 despedidos, Zamora (22.731), Palencia (22.655), Segovia (21.942) y, por último, Soria, con 12.182 rescisiones.
La peor cara de la crisis económica en el mercado laboral la ponen los despidos. Castilla y León acumuló un total de 372.832 entre 2008 y 2015. Es la cifra de despidos que, posteriormente, generaron una solicitud de prestación de desempleo por lo que están al margen los ceses de finalización del contrato o del periodo de prueba, entre otros. Los datos facilitados por el Servicio Público de Empleo (Sepe) a la Agencia Ical recogen que 2011 fue el año con más despidos desde el inicio de la recesión, con un 18,1 por ciento del total, pero también que el 18,8 por ciento del total de las rescisiones correspondió a la extinción por expediente de regulación de empleo (ERE).
La media anual de los despidos durante la crisis en la Comunidad se sitúa en 46.604 frente a los 840.013 a nivel nacional que acumuló entre los años 2008 y 2015 un total de 6,7 millones. El comportamiento del mercado laboral en Castilla y León difiere del experimentado en España puesto que el mayor número de despidos en el conjunto del país tuvo lugar en los primeros años de la crisis, entre 2008 y 2010 rondando el millón cada ejercicio, mientras que los peores momentos en la región fueron en 2011 y 2012, que coincidió precisamente con la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.
El mayor incremento en la Comunidad tuvo lugar entre los años 2010 y 2011, con una subida del 49,1 por ciento que en términos absolutos superó los 22.000 despidos. Unos datos que coinciden con otros indicadores que demuestran que los efectos de la crisis llegaron más tarde en la Castilla y León.
La recesión comenzó en 2008 en la Comunidad con 33.957 despidos que generaron prestaciones por desempleo aunque al año siguiente aumentó un 31,3 por ciento hasta los 44.600. Una cifra que subió ligeramente en 2010 (45.457) y se disparó un 49,6 por ciento en 2011 hasta los 67.808 despidos. Desde entonces no ha parado de descender el ajuste de las plantillas con bajadas interanuales por encima del diez por ciento. En todo caso, las empresas continuaron recurriendo a la reducción de personal favorecido por la coyuntura de un despido más barato hasta sumar 59.151 en 2012, 49.359 en 2013, 39.893 en 2014 y 33.862 en 2015 hasta llegar a los niveles del inicio de la crisis.
La reforma de 2012 trajo sustanciales cambios en la política laboral porque, entre otros, rebajó la indemnización por despido improcedente para los contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades en lugar de 42 como hasta entonces. En cuanto al despido objetivo -que permite a las empresas echar a empleados por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción-, mantiene la misma indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades pero recogía que la disminución “persistente” de ingresos durante tres trimestres es motivo “suficiente” para recurrir al despido. Otra modificación es que no era necesaria una autorización previa de la administración para aplicar un ERE.
El espíritu de la última reforma era facilitar a los empresarios a aplicar medidas como ajustes salariales, funcionales y de tiempo de trabajo, la realidad ha sido que el despido, tanto de temporales o fijos, fue la herramienta más utilizada.
A falta de una estadística oficial sobre el despido en España, la única fuente fiable y más representativa de la realidad laboral es el Sepe que contabiliza las altas de solicitudes para acceder al derecho del cobro de prestaciones. Es decir, están englobados los despidos improcedentes establecidos en acto de conciliación, los procedentes de un ERE, por conciliación judicial, los improcedentes establecidos por sentencia, los declarados procedentes (disciplinarios) o los no recurridos en el momento de solicitar el paro. Por lo tanto, al menos 372.832 trabajadores por cuenta ajena en Castilla y León fueron despedidos y luego solicitaron cobrar el paro.
“Se despide mucho y mal”
A la vista de estos datos, Comisiones Obreras (CCOO) no duda en hablar que en España “se despide mucho y mal”. Y justifica esta afirmación al criticar las decisiones empresariales “cuando menos discutibles” porque utilizan los despidos individuales y no colectivos que, en general, tienen una indemnización menor al tiempo que suelen estar más justificados por la situación económica de la compañía. También considera que el mercado de trabajo ya era “excesivamente flexible” antes de la reforma laboral porque despedir “no es caro ni, mucho menos, difícil” como evidencia el alto número elevado de rescisiones de asalariados.
El informe ‘Un mercado de trabajo insuficiente y muy desequilibrado’ del sindicato apunta que apenas el seis por ciento del total de despidos registrados en España (501.000) el año pasado fue colectivo, lo que significa que el 94 por ciento restante es de carácter individual. El porcentaje de EREs en Castilla y León se situó en el 18,8 por ciento aunque el grueso fue para los despidos no recurridos (78,2 por ciento). Ambas tipologías acaparan casi todos los despidos registrados en la Comunidad.
El Cuaderno de Acción Sindical destaca la “relevancia” del despido en el mercado laboral. Señala que en 2015, uno de cada 17 asalariados con contrato indefinido en el sector privado –“que es el universo de los ‘despedibles’”- rompió la relación con su empresa. En el caso de la Comunidad, esa relación baja a uno de cada 12.