- Silvia Martínez Cantón cuestiona incluso que "las obras no debían haberse recepcionado en estas condiciones" por el Ministerio de Justicia. Chispazos, puertas defectuosas, humedades, goteras y un archivo insuficiente que obliga a ocupar salas destinadas en principio a los usuarios son algunas de las situaciones que se viven en el día a día en la ampliación.
- La Memoria Anual también considera anular la petición de un Juzgado Específico de Violencia de Género en Ponferrada ante la contención en el número de casos.
- Más de 8.000 casos de ponferradinos por cláusulas abusivas con los bancos en 2015
Más de 50 páginas de informe que se centran entre las primeras necesidades, en lo nuevo, en el edificio de ampliación de los Juzgados de Ponferrada estrenado hace menos de un año, y donde se ha implantado el nuevo modelo de Oficina Judicial. Esta inversión de 3 millones de euros parece dejar un claro descontento entre los funcionarios y usuarios del palacio de justicia de la capital berciana.
De hecho la juez decano, Silvia Martínez, apunta en su memoria que "no se dan las condiciones mínimas" de funcionalidad, y conviven letrados, jueces y personal con "chispazos por la carga de electricidad estática en mobiliario, una deficiente climatización, goteras, tiradores de puertas deficientes, bisagras de puertas en mal estado, el archivo con espacio insuficiente y en una zona con humedades". De hecho debe funcionar "de forma permanente" una bomba de achique en el sótano destinado al archivo. Por otro lado, por el espacio insuficiente, se han derivado expedientes a dependencias que estaban destinadas en un principio a salas de vistas.
Incluso Martínez Cantón considera que "la obra no debió ser recepcionada" por el Ministerio, que ya se encuentra en la vía de reclamación a la constructora CIES por dichos desperfectos.
La Memoria anual recoge también un apartado dedicado a la carga de trabajo de los jueces y funcionarios, y en definitiva de los juzgados. "Los rasgos que definen la actividad del partido judicial son un alto nivel de litigiosidad y excesiva carga de trabajo, más acentuada en el área de Civil". "Los juzgados se encuentran infradotados en cuanto al número de jueces. La media nacional está en 11 por cada 1.000 habitantes, y en Ponferrada apenas pasa los 9. Incluso deben suplir bajas de compañeros, vacaciones, permisos, incluso al juez de Villablino. De media 89 días más al año de trabajo en estas sustituciones.
También hace hincapié la juez en la esperada separación de jurisdicciones entre Primera Instancia e Instrucción, ya que ahora los 8 juzgados tienen estas dos áreas integradas. Por ello, hasta que ello se produzca, Martínez Cantón reclama al Ministerio de Justicia la creación del juzgado nº9.
Violencia sobre la mujer
Los casos se mantienen en línea plana, de los 323 en 2014 a los 322 en 2015; por ello la Juez decano considera "innecesario mantener la petición de un juzgado específico de Violencia de Género en Ponferrada" para los casos de los que ahora se ocupa el nº5. Eso sí, asume que es uno de los partidos judiciales con mayor número de incidencias por habitantes en esta materia. Sólo con la integración de casos de Villablino sería factible mantener la petición de este juzgado que ha sido una demanda de todos los jueces decanos antecesores a Martínez Cantón.
De los 322 casos en El Bierzo el pasado año en esta materia de violencia machista, 184 fueron diligencias previas, y 138 diligencias urgentes.
El número de ordenes de protección señaladas el pasado año en Ponferrada fue de 69, un 5,5% inferior al dato de 2014
Áreas de trabajo
En ordenamiento civil disminuyen un 13,9% los asuntos registrados respecto a 2014, con un total superior a los 8.000 casos, la mayoría referentes a demandas por cláusulas abusivas de los bancos. El partido judicial de Ponferrada duplica la recomendación de volumen de casos máximos en los juzgados.
En orden penal, en 2015 el número de asuntos registrados disminuyeron un 14,5%, con un total de 10.730. La juez decano reseña que "no evidencian un descenso real de la criminalidad", sino que se debe a la modificación del art. 284 de la Ley de Encauzamiento Criminal, que retiene los expedientes en la Policía Judicial si no hay autor conocido.