La cesión se produce por un periodo de cinco años en el que las entidades solicitantes podrán arrendar los terrenos, de manera preferente a jóvenes, mujeres o entidades asociativas, y las rentas obtenidas tendrán que destinarse a fines que beneficien a la generalidad de los agricultores de la zona, en especial para la conservación de sus infraestructuras agrarias.
Una vez que concluya el periodo de arrendamiento, las fincas podrán pasar al Banco de Tierras, prorrogarse la situación mediante la formalización de nuevos convenios o adjudicarlas directamente a las entidades municipales o a otras corporaciones como es el caso de las comunidades de regantes. Además de las 35 con las que se ha suscrito el convenio, la consejera apostilló que hay hasta 51 entidades que tienen que hacer las tramitaciones pertinentes para optar a esta iniciativa.
Con estas firmas se cumple el Reglamento de Concentración Parcelaria que prevé la cesión o adjudicación a las entidades locales de las masas comunes de tierras integradas por las fincas sobrantes de las adjudicaciones de los lotes de reemplazo. Estas tierras sobrantes de concentración parcelaria se detraen de la superficie total que se va a concentrar en cada zona para disponer de un fondo de superficie que permita compensar a los beneficiarios de la concentración en caso de necesitar subsanar errores.
Actualmente, en la provincia de León existe una superficie concentrada de 486.858 hectáreas y 119.377 hectáreas reconcentradas, además de que se están iniciando los procesos y trabajando en diez zonas de concentración parcelaria que suman una superficie de concentración de 18.470 hectáreas.
La Consejería de Agricultura y Ganadería tiene contabilizadas en Castilla y León pendientes de tramitar un total de 131 solicitudes de cesión de fincas que constituyen las masas comunes de procesos de concentración parcelaria finalizados por parte de los ayuntamientos, juntas vecinales, entidades locales menores y, excepcionalmente, por algunas comunidades de regantes, y que afectarían en la Comunidad en más de 3.150 hectáreas.
El seguimiento del cumplimiento de las condiciones de los convenios lo llevará a cabo una comisión mixta que se creará para tal fin entre la Junta de Castilla y León y los representantes municipales que han solicitado las masas comunes. Las concentraciones parcelarias aportan importantes beneficios al sector agrario, al demostrar que se gasta entre un 25 y un 30 por ciento menos de combustible, lo que supone un ahorro de costes y la mejora de la competitividad de las explotaciones. En cuanto al beneficio socioeconómico, se ha demostrado que en las zonas concentradas se incorpora un 40 por ciento más de jóvenes y la inversión privada para modernizar es un 36 por ciento superior a zonas no concentradas.