Según explica el PP de la villa del Cúa en una nota de prensa, el alcalde mantiene en la Intervención Municipal a una funcionaria interina e impidió en su momento la incorporación a su puesto de trabajo del interventor titular, que debería haber vuelto a su puesto el pasado 11 de enero, cuando se le acabó la baja que solicitó tras el episodio de la supuesta agresión.
El alcalde pidió entonces medidas cautelares para no tener que reincorporar a su supuesto agresor, pero los requerimientos de la Dirección de Ordenación del Territorio y Administración Local de la Junta le obligaban a ello, de manera que su negativa desembocará en una “inusual” interposición de demanda contencioso-administrativa ante el Juzgado contra el alcalde.
Para el PP, que se ha personado en el caso en defensa del interventor titular, Álvarez es el “único responsable de la situación irregular e ilegal” del Ayuntamiento desde el 12 de enero. El portavoz de los populares, Adolfo Canedo, recuerda que el caso podría acarrear “graves ilegalidades” para el consistorio, entre las que destaca “las gravísimas consecuencias que esta ilegalidad tendrá para Cacabelos ya que a nivel de Intervención Municipal tendrá que anular todos los actos tomados por una Interventora que no debería haber actuado como tal desde el 11 de enero y estamos en mayo”.