El colectivo pretende con este posicionamiento "cumplir las leyes en cuanto a respetar la exclusividad para funcionarios de carrera de las funciones que impliquen potestades públicas, salvaguarda de los intereses del Estado y las administraciones y aquellas que impliquen ejercicio de autoridad". Y es que la Plataforma lamenta que "en ningún momento se haya tenido en cuenta la obligada funcionarización por ley", para lo que apela al cumplimiento de la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León, así como al hecho de que "ni la Junta de Castilla y León, ni el Ministerio de Haciendas Públicas han emitido informe negativo alguno que impida" la creación de esas plazas.
"Pudiendo ser un plan ambicioso", añade la Plataforma, "dista bastante de lo que la Junta de Castilla y León, Federación Regional de Municipios y Provincias y sindicatos (...) están valorando". Tras sostener como premisa que "está suficientemente demostrado que lo privado es mucho más caro a las arcas de la administración que lo público", dice no entender "una gestión privada con el 100% de capital público", a la vez que rechaza "el chantaje de evadir la responsabilidad si no se hace 'como yo digo' remitiéndose a una urgencia que la propia Diputación no ha tenido en 20 años".
"Plantearemos movilizaciones porque los bomberos de toda España están muy indignados con este caso"
"Los bomberos de toda España están muy indignados con este caso", asegura el presidente de la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León, José Ignacio Rubio, quien amenaza con "tomar medidas" en forma de movilizaciones para corregir una situación excepcional habida cuenta de que sólo tiene precedentes en la Diputación de Salamanca y en Galicia, donde la legislación no considera a estos profesionales como agentes de la autoridad.
Rubio considera que "hay tiempo suficiente" hasta enero de 2018 para corregir la situación, al tiempo que anuncia que solicitará a la Diputación los informes de la Junta de Castilla y León y la Administración General del Estado en los que "dicen que nos les dejan contratar funcionarios". La Plataforma valora la posibilidad de acudir a los tribunales. "Tenemos que hacer valer nuestros derechos", significa su presidente, que no entiende que la institución provincial alegue que las intervenciones estarán coordinadas a distancia por profesionales con el marchamo de agentes de la autoridad. "No se pueden tomar por control remoto decisiones que hay que adoptar in situ", concluye.
