La plataforma PonfeSil solicita formalmente una reunión conjunta con Confederación Miño-Sil y Ayuntamiento de Ponferrada para "consensuar" una alternativa al dique

La plataforma vecinal y de propietarios de fincas afectadas por el dique de canalización del Sil, tratarán de conseguir un acuerdo “consensuado”.

Diego Fernández, InfoBierzo
Fundador, CEO de InfoBierzo e InfoLeon
23 de Octubre de 2013
Actualizado: 18 de Septiembre de 2014 a las 20:25
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“Las recientes declaraciones del Presidente de la Confederación Francisco Marín, donde sugiere la posibilidad de que existan intereses especulativos en la oposición vecinal al dique en Flores del Sil, han encrespado y encendido los ánimos de los vecinos”, avisa la Plataforma respecto a las acusaciones de oponerse al proyecto por intereses especulativos con sus firmas. Carlos Álvarez portavoz de la plataforma ha calificado estas declaraciones como “incoherentes y desafortunadas. Seguramente nunca ha estado en Flores del Sil ni en los espacios afectados, si no, no diría esa barbaridad”.

Desde la plataforma afirman que “el barrio entero no entiende el extraño trazado diseñado por Confederación ni tampoco entiende cómo el Ayuntamiento permite que la Confederación marque la línea por donde le plazca, avasallando a los ponferradinos, sin adoptar ningún tipo de medida”.

Asimismo creen que la canalización del río termina con el proyecto de unas márgenes para el ocio y disfrute. “Ponferrada ni está dispuesta ni quiere darle la espalda al río. Ponferrada necesita del Río Sil para poder vivir. Que no nos quiten nuestro Río. Que nos lo acondicionen para poder disfrutarlo más”.

La plataforma denuncia que el trazado del dique de contención supone una barrera de tierra de hasta 8 metros de altura en muchos puntos, y en un recorrido hasta 300m a lo largo del barrio. “Aísla la mayoría de fincas y convertirá espacios en vertederos incontrolados”, advierten.
El proyecto cuenta con una inversión de casi 2,8 millones de euros para un tramo de 3,3 km desde la confluencia entre el Boeza a Toral de Merayo, y un plazo de ejecución estimado de 18 meses después de las tramitaciones que siguen su curso.

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