Denominando dicha decisión de "inaceptable, arbitraria y contraria a los intereses, tanto de trabajadores como de pacientes", el colectivo exige que, en ningún caso, se ejecute la implantación de las unidades sin antes consultar a todas las Juntas de personal, sindicatos, pacientes, familiares y usuarios en general de la Sanidad Pública, porque "no se garantiza que los ajustes en las Unidades de Gestión intervenidas, no provoquen interacciones, perjudicando a los pacientes y a los servicios prestados con regularidad y eficacia en otros sectores y/o unidades".
Por otro lado, la plataforma, que se opondrá de manera rotunda a que se lleve a cabo esta decisión, hace hincapié en que el sistema de las UGC "aboca ineludiblemente a una privatización encubierta de la Sanidad Pública, como ya se está manifestando en las comunidades autónomas en las que se han implantado". En este sentido, el colectivo hace un llamamiento a toda la ciudadanía "para que tome conciencia de la inaceptable maniobra que pretende ejecutar el consejero de Sanidad de la Junta de CyL, Antonio María Sáez Aguado, y reivindique con firmeza su voluntad de defender la sanidad de todos y todas".
A esta reivindicación también se ha sumado desde hace semanas la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), que insta a la Junta a paralizar la implantación de las Unidades de Gestión Clínica por la inseguridad jurídica que esto supone para los trabajadores.