Tras varias horas de juicio en la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, los abogados de Cassandra Vera se han centrado en la defensa de la libertad de expresión y la aplicación del error de prohibición, en el que ha alegado que no se puede sancionar una conducta por estar considerada como ilícita y tener un agravamiento penal por el contenido expresado en los mensajes sobre esta víctima de ETA. La veinteañera ha analizado los tuits que publicó -y después borró- uno a uno, dejando claro en todo momento que eran expresiones humorísticas "en clave absurda", o comentarios enmarcados en el debate de la aprobación de la Ley Mordaza. Entre ellos estaban "ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial", "Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella" o la alusión a la película "A tres metros sobre el cielo" en referencia al asesinato de Carrero.
Por su parte, el agente de la Guardia Civil que llevó a cabo la investigación, y que ha declarado en calidad de testigo, ha asegurado que en otros mensajes de Cassandra se podía entrever el "deseo del retorno de la actividad terrorista, que echaba de menos a ETA, no solo había tuits relativos a la mofa".
Así fiscal ha despreciado la prueba presentada por la defensa, que incluye un carta de la nieta de Carrero Blanco en la que aclara que ella no se siente humillada. "El monopolio de la consideración de víctima no lo puede tener un familiar", ha dicho, al tiempo que ha indicado que la persecución de estos delitos busca también proteger el orden público, "Esa seguridad, esa dignidad colectiva consistente en rechazar esas conductas, se produce con independencia de que la víctima se sienta o no perjudicada", ha añadido. Además, subrayó que no se ha visto arrepentimiento por parte de la víctima, según recogen varios medios digitales.
Fue el pasado mes de febrero cuando cerca de una treintena de personas y los padres de la joven se concentraron en Ponferrada para exigir que se retirara la acusación contra Cassandra. Su progenitor, Ramón Vera, reconoció que su hija teme, sobre todo, la posibilidad de ser inhabilitada durante ocho años y perder la oportunidad de poder presentarse a una oposición pública viendo, así, frenado su futuro laboral. Por otro lado, reconoció que la familia cuenta con el apoyo de múltiples personas que "se ponen a contacto con nosotros a través de llamadas o de mensajes para darnos ánimos".
Aunque la joven iba a ser juzgada el pasado 1 de marzo pidió un aplazamiento para cambiar de abogado porque aseguraba que el anterior letrado no atendía sus llamadas y le dejó ver su ideología de corte ultraconservador. En la defensa pretendía demostrar que Cassandra no estaba en plenas facultades mentales cuando emitió esos tuits, algo que ella no estaba dispuesta a alegar.