El temor a perder su puesto de trabajo, debido a que la impugnación de este convenio para retomar el Estatal pone en riesgo diversos proyectos de crecimiento en los que estaba inmersa la empresa, ha sido el principal motivo que ha llevado a los empleados a plantar cara al sindicato y a la recogida de rúbricas, "una iniciativa que se ha desarrollado al margen del comité de empresa", según señala la portavoz de la plataforma de empleados, Lucía Rosado. La plantilla empieza a estar inquieta porque ya se rumorea un posible cierre derivado de esta postura sindical, "teniendo en cuenta que hay muchas negociaciones con clientes que se han paralizado por la desestabilizadora situación actual", añade.
A pesar de esta actitud contraria de los trabajadores y tras varias reuniones con el comité de empresa, los integrantes del CSIF no han dado marcha atrás con sus pretensiones de 'liquidar' el convenio porque consideran que la recogida de firmas ha sido una manipulación por parte del comité, "cuando esta acción se ha emprendido en el seno de la plantilla", recuerda Rosado, quien denuncia que, hasta ahora, el sindicato no se ha puesto en contacto con ningún empleado, exceptuando a través de comunicados. "No es lógico que estén aquí para defender nuestros derechos y hagan caso omiso a la decisión del 71% de la plantilla de mantener vigente el convenio que aceptamos cuando firmamos nuestros contratos".
Por otro lado, Lucía confiesa que los teleoperadores están muy nerviosos porque "ven en serio riesgo su estabilidad laboral". Cuando se negoció el convenio en 2015 se sabía que existía una serie de características distintas al documento estatal para poder competir contra las grandes empresas. "En ese momento, el CSIF estuvo de acuerdo, por lo que no entendemos a qué viene ahora esta decisión sin habernos consultado nada". Las primeras consecuencias ya están empezando a producirse en el call center, "pues la semana pasada se fueron a la calle 45 compañeros" porque ya nos han trasladado los datos de que, en caso de que el convenio sea impugnado, "sería inviable para la empresa continuar y tendría que aplicar un ERE", subraya la empleada.
Por su parte, el CSIF sigue denunciando que el convenio reduce el salario hasta en 312 euros al mes y devalúa la proporción de prestación económica sobre el sueldo en caso de baja por enfermedad, entre otras cosas. Consideran que lo adecudado y justo para los 450 empleados es que se rijan por el convenio estatal, aplicado en otras empresas de estas características.
De momento, el comité de empresa, que está dispuesto a agotar cualquier vía de comunicación con el sindicato para encontrar una solución antes de que sea demasiado tarde, ha comenzado a valorar los próximos pasos a dar para intentar acabar con esta "tensión". La plantilla, por su parte, está barajando realizar una concentración en defensa de sus empleos, "porque ante este panorama en el que se está jugando con nuestro pan ya no tenemos nada más que perder", sentencia Lucía.