En la proposición también se reclama que las eléctricas deberán dirigirse a la Administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos y, en el caso de vulnerabilidad económica, deberán ser las compañías las que asuman el coste, y el establecimiento de un tipo de IVA reducido a la electricidad, “por ser un servicio esencial para la ciudadanía”.
Al mismo tiempo, se plantea la aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que podrán acogerse todos los consumidores en su primera residencia y la supresión del actual bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, sufragada por las eléctricas.
En la PNL Podemos también reclama la devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs) y la realización de un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas.