Ponferrada llevará a principios de la próxima semana a Comisión Informativa el contenido del acuerdo, que también incluye la obligatoriedad de que la actual concesionaria mantenga la prestación del servicio hasta la nueva adjudicación. Asimismo, se acuerda la liquidación del actual contrato y la convocatoria de la nueva mesa de contratación.
Este contrato realizado en el mandato anterior -por el bipartito- se cerró por un periodo de 17 años (más tres prorrogables) a razón de 5,8 millones de euros cada uno de ellos, lo que lo convertía en uno de los más importantes del Ayuntamiento.
En junio de 2016 el TSJ estimó las alegaciones presentadas por la empresa Urbaser e instó al Ayuntamiento a corregir las puntuaciones técnicas y económicas a las que se acogió para adjudicar el servicio a FCC. Urbaser, que había presentado una oferta más ventajosa desde el punto de vista económico, había apelado en su recurso a que la mesa de contratación había revocado “de un modo injustificado e improcedente” la puntuación que el comité de expertos constituido al efecto le había concedido, algo que la empresa tachó de “actuación de arbitrariedad administrativa” y el TSJ calificó de “trato desigual no justificado debidamente”.