La nueva juez decano mantiene la “aspiración” de crear un juzgado para la violencia de género

Los juzgados de Ponferrada han registrado en lo que va de 2015 un total de 229 denuncias por violencia de género, interpuestas por 58 mujeres, de las cuales 44 son españolas y 14 extranjeras.

25 de Noviembre de 2015
Actualizado: 12 de Diciembre de 2015 a las 10:35
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Los juzgados de Ponferrada han registrado en lo que va de 2015 un total de 229 denuncias por violencia de género, interpuestas por 58 mujeres, de las cuales 44 son españolas y 14 extranjeras, según datos facilitados a InfoBierzo por la juez decano de la capital berciana, Silvia Martínez Cantón. A ellas, cabría sumarles aproximadamente un 30% adicional de denuncias recibidas en otros juzgados, como los juzgados de guardia.

En la capital de El Bierzo se han celebrado en este 2015 un total de 70 procesos civiles por violencia de género, con el resultado de 58 personas imputadas, 50 de ellas de nacionalidad española. En cuanto a las órdenes de protección, las víctimas han solicitado 58 y los jueces han concedido 37, aunque cabría sumar a éstas las medidas cautelares que los jueces decretan sin que las víctimas las soliciten.

Con estos datos, Martínez Cantón mantiene la “aspiración” de crear un juzgado específico en Ponferrada para la violencia de género. “La carga de trabajo no permite ahora la especialización, ya que la principal carga está relacionada con la materia civil, lo que impide la creación de un juzgado de instrucción específico”, explica la juez decano.

Martínez Cantón ha recordado que “nos encontramos en una situación de cambio” causada por las modificaciones en la ley penal sobre la materia, que incluyen la creación de cuatro nuevos delitos: los matrimonios forzosos, el ‘stalking’ o acoso fuera del entorno laboral, el ‘sexting’ -la obtención de fotos de carácter sexual con el objetivo de chantajear- y la inutilización de los dispositivos de seguimiento.

La juez decano también recuerda que las modificaciones permiten que el juez imponga como pena la asistencia a programas de reeducación, contemple el género como agravante, tipifique las injurias como delitos leves o imponga multas sólo si la víctima y el agresor no mantienen relación económica.