Miguel Ángel Fernández (PeC) y Olegario Ramón (PSOE)//FOTOS: Víctor AlónEn su defensa por la municipalización del Servicio de Transporte Urbano de Viajeros de Ponferrada (TUP), ya rechaza por mayoría en el pleno extraordinario celebrado el pasado viernes, el Grupo Municipal Socialista y Ponferrada en Común han lanzado un mensaje directo al equipo de Gobierno para que en su deber del buen hacer para con la ciudadanía, ante la decisión de que la gestión del servicio sea de manera indirecta, "extremen los mecanismos de control, sobre todo, con respecto a las áreas económicas y sociales, hasta ahora con un gran déficit".
Para ambas formaciones es inadmisible que el Ayuntamiento "esté subvencionando la cuenta de resultados de la UTE que gestiona el TUP en Ponferrada", por lo que aseguran que se mantendrán vigilantes en el proceso de aprobación del pliego, licitación y prestación del servicio, "teniendo en cuenta que el déficit de explotación del servicio podría ascender al final de este año a 1,6 millones de euros", señalan. Es más, el portavoz de PeC, Miguel Ángel Fernández, ya ha avanzado que el grupo votará en contra de licitación del servicio, sea cual sea la empresa adjudicataria, mientras que el representante socialista, Olegario Ramón, ratificó que su postura "dependerá del contenido concreto del pliego", partiendo de la base de que "exigimos un control exhaustivo".
En base a este "déficit de control municipal" y respetando la legitimidad del resultado del pleno, Olegario lamentó la pérdida de "una oportunidad que va a tardar años en volver para ahorrar dinero en una concesión pública" y advirtió que, con la nueva licitación, "nunca sabremos de verdad el coste del servicio si no lo gestionamos de manera directa". Por este motivo, "el PSOE ejercerá el control y la fiscalización del proceso de elaboración del nuevo pliego".
Por su parte, Miguel Ángel Fernández insistió en que la línea de trabajo de PeC será seguir luchando la municipalización de otros servicios privatizados, como por ejemplo el de la limpieza viaria o recaudación, "porque no cumplen con los criterios sociales, económicos y políticos". Reconoció, también, que acepta la decisión que se ha tomado en el pleno, pero que no permitirá que "se juegue con los trabajadores del servicio y el futuro de sus empleos, a quienes se les ha trasladado un miedo infundado". Fernández subrayó que "existen mecanismos legales suficientes para garantizar los puestos de cada una de las personas que prestan el servicio actualmente".