Renfe ha sugerido a las comunidades autónomas asumir el coste de las líneas de media distancia que se vayan a suprimir por no ser consideradas dentro de la obligación de servicio público. “En caso de que alguna comunidad autónoma tuviera interés en la prestación de un servicio ferroviario de viajeros sobre alguna de las relaciones que no han sido declaradas de obligación de servicio público, dicha comunidad autónoma podrá formalizar el correspondiente contrato con Renfe Operadora, asumiendo el coste del servicio”, indicó la compañía pública en un comunicado.
En todo caso, en el comunicado afirman que aún “trabaja en la definición de los servicios de media distancia convencional que quedarán garantizados como Obligación de Servicio Público (OSP), según lo acordado el pasado 28 de diciembre de 2012”. “Estamos trabajando en un marco de amplia colaboración con las Comunidades Autónomas y los agentes sociales en este plan de racionalización”.
“Renfe, pues, no está implantando un informe de INECO dado a conocer hoy, encargado por el anterior Gobierno en el año 2010 y que fue finalizado hace más de un año” aclara el comunicado, aunque por otro lado asumen que la supresión de líneas será un hecho, aunque por los planes del Ministerio y no por dictamen europeo.
“A través del plan de racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia se garantiza los servicios públicos de transporte de viajeros de interés general”.
Y aclara, asumiendo la puesta en marcha del cierre de vías, que “el plan compatibiliza la racionalización del gasto con la continuidad de los servicios, aprovechando sinergias. De este modo, trenes de larga distancia podrán prestar cobertura a estos usuarios, y en otros trayectos podrán sustituirse con otros modos de transporte”. “El plan se ha desarrollado siguiendo criterios objetivos de eficiencia social, medioambiental y económica”.
El Estado pagaba 371 euros por billete, argumento de Renfe
Según las cuentas de Renfe en su comunicado, "en la actualidad hay servicios ferroviarios que muestran importantes déficits. El 51,7% de los trenes se destinan a cubrir servicios que sólo utiliza un 16% de los viajeros y presentan un aprovechamiento inferior al 15%.
En estos servicios de menor aprovechamiento, se dan casos en los que el Estado llega a aportar hasta 371 euros por billete, frente a los 11 euros que paga el viajero.