La anestesista había aprobado su oposición pero fue contratada por orden del juez, cuando el Juzgado de lo Contencioso número de 1 de Valladolid reconoció el derecho de la trabajadora a que se convocasen a concurso de traslados todas las plazas vacantes de Anestesiología y Reanimación y se la incluyese en la plantilla.
Tras esto, la trabajadora interpuso una segunda demanda por responsabilidad patrimonial al Sacyl, que deberá abonarle 60.000 euros y pagar las costas del procedimiento.
"La gravedad del comportamiento de la administración autonómica, la contumacia en el error y la rebeldía de la Junta de Castilla y León a acatar los mandatos de la legislación vigente integran el concepto de lesión antijurídica, a ella imputable con exclusividad, por lo que surge la obligación de reparar el daño causado", reza la sentencia, que se apoyó también en la falta de especialistas de Anestesia en el hospital.
