Los 'eres' se suceden en el sector ante la falta de medidas protectoras para su supervivencia por seguridad de suministro, empleo y creación de riqueza en las cuencas
Un año, dos meses y 20 días después del fin del Real Decreto de Restricciones por Garantía de Suministro, los expedientes de regulación de empleo en las principales empresas mineras se suceden mientras el sector sigue esperando al cumplimiento del Plan del Carbón y al mecanismo o las medidas que les permitan retomar y normalizar de nuevo el suministro a las centrales térmicas. La minería sigue agonizando pendiente de una respuesta por parte de un Gobierno que parece no entender que el carbón necesita ser protegido para seguir existiendo y que desoye la urgencia con la que los mineros a través de los sindicatos, las empresas y las comarcas mineras le reclaman una solución.
Ahora se plantean dudas sobre la necesidad de proteger al carbón autóctono frente al de importación, pero la minería fue siempre un sector regulado y protegido porque se entendía su importancia más allá de su precio en el mercado. España se ha caracterizado por una minería subterránea y con una configuración de sus yacimientos que ha dificultado la mecanización de las explotaciones -con algunas excepciones, como Cerredo- y requerido una elevada intensidad en el factor trabajo, convirtiendo el carbón nacional en “poco competitivo” frente a los carbones procedentes de grandes países exportadores con explotaciones a cielo abierto y subterráneas mucho más productivas.
En la actualidad, su competencia está en el mineral procedente de países como Colombia, Indonesia, Rusia y Sudáfrica, también Estados Unidos y Australia, pero hace un siglo ya tenía como principal competidor al carbón inglés. “Se puede decir que el carbón ha estado protegido desde siempre”, asegura Víctor del Reguero, autor del libro 'Las gafas del belga', que explica que en Bierzo y Laciana se experimenta un 'boom' en su producción con la Primera Guerra Mundial, con la fundación de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) y, a partir de ahí, se desarrolla toda una industria de su mano, como ocurre en Fabero una vez que pone en marcha el ferrocarril Ponferrada-Villablino.
“Competía mucho el carbón ingles y por eso hubo un repunte de la producción nacional a finales de los años 20 por la huelga en minas inglesas”, añade Del Reguero. En esos años, con la dictadura militar de Primo de Rivera ya había un proteccionismo -incluso se hablaba de un excesivo intervencionismo-, que se mantiene durante la II República, con medidas orientadas a incentivar la producción de antracita, ya con la obligación de consumir carbón nacional en los edificios gubernamentales o la prohibición de utilizar aceites pesados en calefacciones. “No es justo que un combustible exótico desplace a uno nacional, con paralización de mil mineros y privando a nuestros ferrocarriles de los ingresos procedentes del transporte de 50.000 toneladas”, justificaba entonces el que fuera director general de Minas, José Martínez Ortega.
Hace 80 años, ya era debate en Cortes
Y esa sería una de las medidas puestas en marcha en 1935 ante las crisis minera por la falta de demanda, en respuesta a la exigencia de actuación del Gobierno para incentivar el consumo de mineral autóctono, que hace 80 años ya era motivo de debate en las Cortes. El diputado de Acción Agraria Leonesa, Antonio Álvarez Robles, interpelaba al ministro de Industria para preguntarle por las medidas con que preveía hacer frente a las crisis de la antracita, como recoge Víctor del Reguero en 'Las gafas del belga', “y pidiéndole, aún sabedor de los intereses creados, que se eleven los precios de los aceites pesados de importación -gasoil, fueloil- para evitar la competencia y los particulares nutran sus calefacciones de carbón nacional”.
Una situación muy similar -salvando las diferencias normales que pueden marcar ocho décadas- a la actual, una crisis de demanda y la petición de medidas para proteger el mineral autóctono. Una competencia que el carbón no tendría durante el franquismo, ya que tras la Guerra Civil el país se cierra al mercado internacional. “Evidentemente esos años de autarquía son los más favorecedores para la industria que, como se dice, también se puede interpretar como un pago de favor del régimen a las empresas mineras que donaron, no sólo dinero en metálico, sino también carbón durante el conflicto. La protección fue total”, cuenta Víctor del Reguero, que destaca que la producción se vio después afectada de forma importante con la electrificación del ferrocarril, que hasta entonces era un importante consumidor de mineral.
En los últimos años de la dictadura de Franco y el inicio de la democracia, los aumentos de los precios del petróleo impulsaron la utilización del carbón en el abastecimiento energético en la mayoría de los países, pero en España se insistió en la protección del carbón autóctono aunque era menos competitivo que el de importación, señala el profesor de la Universidad de Oviedo, Ignacio del Rosal, en el estudio 'La reconversión del carbón, una dependencia plena de una decisión política'. “Con ello, el sector vive un relativo auge, con cierto crecimiento de la producción y el número de explotaciones y empleo, hasta la mitad de la década de los ochenta, momento a partir del cual se retoma el ajuste productivo”, añade Del Rosal. Un ajuste que llega hasta el momento actual y que ha seguido manteniendo cierta protección hasta el frenazo dado en la pasada legislatura.
¿Por qué seguir protegiendo nuestro carbón?
¿Por qué seguir protegiendo nuestro carbón? La presidenta de la Asociación de Comarcas Mineras de Europa (Euracom), Ana Luisa Durán, tiene clara su respuesta. “Son muchas las razones, la primera es una de carácter general, que es necesario mantener la generación energética con carbón para garantizar la seguridad de suministro”, afirma Durán, que señala que todos los informes que están saliendo dicen que “prescindir del carbón es un error enorme porque en el futuro no se va a poder garantizar la seguridad de suministro”.
No son sólo los informes de las comarcas mineras, puntualiza la máxima responsable de Euracom, son también los estudios del Consejo Económico y Social europeo, la Agencia Internacional de la Energía y consultoras como Deloitte. “Si vamos a mantener las centrales térmicas lo normal es que se queme nuestro carbón, en la actualidad se esta quemando carbón de importación pero está paralizada toda la actividad minera nuestra”, apostilla Durán, que señala también que hay que fijar condiciones para que el sector siga adelante “porque da trabajo en unas zonas que lo siguen necesitando, porque es una actividad económica que genera riqueza en el territorio y porque es necesario para su cohesión social”.
En esta línea se expresa también el presidente de la patronal Carbunión, Óscar Lapastora, que recalca que “el carbón es el único combustible fósil de carácter autóctono que puede contribuir a la seguridad de suministro en determinados momentos”. Así, teniendo en cuenta que más del 70 por ciento de la energía que se consume en España procede del exterior, creen “firmemente” que el país no puede prescindir de lo tiene. En esta línea, recalca que sin los mecanismos de apoyo “pactados” en el Plan del Carbón para conseguir esa transición hacia la competitividad “es imposible la continuidad de las minas, sobre todo en momentos en que el precio del carbón internacional está en mínimos de la última década”.
“No podemos olvidar tampoco el papel fundamental que el carbón juega como único modo de vida de muchas familias y generador de actividad industrial en las cuencas mineras”, añade Lapastora. Y es que en este tema empresarios y trabajadores coinciden y los sindicatos mineros también defienden esas implicaciones “sociales y territoriales” de la actividad para unas comarcas que, recalca el secretario regional de FITAG-UGT en Castilla y León, Jorge Díez, “no tiene otra cosa de la que vivir”. Por su parte, el responsable estatal de Minería de CCOO, José Luis Villares, añade que el carbón es un sector que “estructura comarcas enteras, del que viven miles familias, es motor económico de desarrollo y fija población”.
Los sindicatos también reconocen al carbón como la única fuente de energía capaz de garantizar cierta independencia y autonomía y la seguridad de suministro. Asimismo, recuerdan que otro motivo para implementar medidas protectoras es que existe el compromiso de garantizar un 7,5 por ciento de hueco térmico para el carbón nacional y que no se está llevando a cabo, a pesar de que el año pasado el carbón fue la segunda fuente de generación energética en nuestro país, solamente superado por la energía nuclear.
Un 'escudo' para el mineral autóctono
Sindicatos, empresarios y comarcas mineras entienden una “irresponsabilidad” que el Gobierno siga sin pasar a la acción y un año después aún no ponga en marcha las medidas alternativas al anterior mecanismo de garantía de suministro. “Es una cuestión de voluntad y no ha hecho otra cosa que poner piedras en el camino”, valora la presidenta de Euracom, mientras desde los sindicatos entienden que, según recalca Jorge Díez, “su futuro está todo en manos de un Gobierno que no apuesta por este sector”.
Los tres coinciden también en cuáles podrían ser esas medidas que sirvieran de 'escudo' al carbón autóctono y garantizaran su supervivencia. La primera que ponen sobre la mesa es la bonificación fiscal o exención del céntimo verde porque, como defiende Óscar Lapastora, “puede ser una medida de fácil implementación y que tendría efectos inmediatos sobre las compras de carbón por parte de las empresas eléctricas”. “Después de un año no hay nada y tenemos medidas que sería muy fácil poner en marcha como una discriminación positiva para el carbón comunitario, extraído en unas condiciones medioambientales, laborales y sociales distintas, con una bonificación fiscal sobre el impuesto y notificarlo fiscalmente”, añade Ana Luisa Duran.
Los sindicatos entienden que esa medida permitiría competir al mineral nacional frente al de importación, aunque no olvidan seguir reivindicando la puesta en marcha del mecanismo de pago por capacidad. Una cuestión que también apoya Carbunión como un “mecanismo de largo plazo” de apoyo a las compañías eléctricas para la realización de las inversiones medioambientales que exige la directiva europea de emisiones industriales. “La orden de pagos por capacidad, cuya tramitación fue cancelada por el Ministerio de Industria Energía y Turismo, tras el informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, podría tener los efectos buscados de asegurar la supervivencia del carbón más allá de 2018”, valora Lapastora.
A este respecto, Durán puntualiza que ese mecanismo necesita de una tramitación más larga y, apostilla, “teniendo en cuenta que no han hecho nada”. “No nos serviría ahora mismo para sacar al sector del enorme problema que tiene a día de hoy, porque está a punto de desaparecer”, advirtió la presidenta de Euracom. Ante esta situación, el sector minero sigue pidiendo protección al Gobierno ante la competencia del carbón de importación, la indiferencia de las compañías eléctricas -con capital de otros países- por la situación social en la que se quedan las cuencas y con intereses en el suministro de gas natural o la inestabilidad que le impide hacer cualquier tipo de previsión de futuro.