Urbaser, empresa a la que los tribunales le dieron la razón en su impugnación a la concesión del macrocontrato a FCC, hace en un comunicado un relato cronológico del proceso y advierte de que cualquier actuación contraria a las prescripciones también implicará la "responsabilidad personal, en el orden jurisdiccional que proceda, de los miembros de la mesa que la lleven a cabo".
La empresa recuerda que el pronunciamiento del TSJ condena al Ayuntamiento de Ponferrada a que “proceda a la retroacción del procedimiento a los efectos de realizar una corrección de las puntuaciones técnicas y económicas ajustadas a los criterios de adjudicación recogidos en los pliegos de condiciones y sus aclaraciones, que subsanen las deficiencias puestas de manifiesto en la fundamentación jurídica de esta sentencia".
Urbaser relata que el pasado 19 de enero solicitó la ejecución forzosa de la sentencia, algo que acordó la magistrada del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de León el día 27 del mismo mes de enero, fecha a partir de la cual se abrió un plazo de 20 días para cumplir el mandato judicial.
"El Comité de Expertos", añade Urbaser, "en reunión celebrada recientemente ha remitido su propuesta a la mesa de contratación, y según publicaciones de los últimos días, da cumplimiento al fallo y fundamentos de la sentencia, proponiendo a Urbaser S.A. como adjudicataria del contrato administrativo".
