En un comunicado, fuentes de Urcacyl explciaron que la Junta Electoral Central les informó el 17 de marzo de la apertura del plazo para la recogida de firmas. Desde ese día, indicó que prepararon los pliegos con el texto a modificar y los espacios de rúbricas, para ser numerados y sellados por la Junta Electoral, y también se están nombrando fedatarios para que, mediante una declaración jurada, den fe y autentifiquen la veracidad de los apoyos que se recojan.
Aunque el plazo de recogida de firmas es de nueve meses, espera obtener en un máximo de tres las 20.000 firmas previstas. La Iniciativa Legislativa Popular necesita para prosperar al menos el 0,75 por ciento del censo electoral de cada provincia de la Comunidad, aunque Urcacyl pretende superar “sustancialmente” ese porcentaje. En Ávila se precisarían 1.036 firmas; en Burgos 2.244; en León 3.282; en Palencia 1.073; en Salamanca 2.304; en Segovia 902; en Soria 573; en Valladolid 3.238 y en Zamora 1.290.
A partir de la próxima semana los agricultores y ganaderos que lo deseen, así como el resto de ciudadanos mayores de 18 años inscritos en el censo electoral, podrán firmar la iniciativa legislativa popular, que se presentó en las Cortes el 25 de enero, fue admitida a trámite por la Mesa del parlamento el 17 de febrero y se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes el día 23 de ese mismo mes.
Asimismo, Urcacyl, después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que declaró nulo un artículo exacto al que se aprobó por las Cortes de Castilla y León, no descarta, aunque lo ven muy difícil, que los grupos parlamentarios sean capaces de acordar una modificación inmediata de la Ley, sin tener que esperar a cumplir todos los plazos establecidos por la legislación de las iniciativas de este tipo.
“Esta normativa es gravemente perjudicial para las cooperativas agrarias que suministran combustibles, mayoritariamente, en núcleos rurales de escasa población y muy alejados de las grandes zonas de consumo”, reiteraron y explicaron que su aplicación, que exige tener personal permanente en horario nocturno y de fin de semana, restringe a su juicio los derechos de las cooperativas que iniciaron esta actividad con unas reglas de juego que ahora se pretenden cambiar.