Concretamente, el fallo de la sentencia recoge que lo encuentra culpable de un delito de acoso sexual, concurriendo la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, para el que tendrá que cumplir la pena de cinco meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho del sufragio pasivo durante el tiempo de condena y la prohibición de acercarse a menos de quinientos metros a la persona, domicilio y lugar de estudio, trabajo o cualquier otro que frecuente C.G.G. por tiempo de tres años, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio y por el mismo tiempo.
A esta se añade la pena de un año, seis meses y un día de prisión por el delito continuado de abuso de la función pública con solicitud de favor sexual, "concurriendo la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, con la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho del sufragio pasivo durante el tiempo de condena e inhabilitación absoluta para el ejercicio de la función pública por un tiempo de nueve años y un día".
Además, el acusado deberá indemnizar a la víctima por el daño moral causado en la cantidad 6.000 euros.
Pruebas para llegar a la convicción de su culpabilidad
Según ha remitido el Juzgados, las pruebas de cargo para llegar a la convicción de la culpabilidad del acusado han sido la declaración creíble, verosímil, coherente, sin contradicciones y mantenida de la víctima. Dicha declaración se ha visto reforzada por importantes y relevantes indicios y datos periféricos que consolidan la sensación de veracidad de este testimonio, como la declaración de testigos de referencia que a lo largo del tiempo conocieron de los episodios de acoso que relataba la víctima y cuyo relato de los mismos es idéntico al de ella.
También se aportó una grabación de la conversación mantenida entre el acusado y la víctima con ocasión de la revisión de un examen en febrero de 2.008 y, por otro lado, no hubo pruebas que revelasen que haya existido en la víctima un ánimo espurio o vengativo en su denuncia. A lo largo del juicio hubo testimonios, igualmente, veraces y mantenidos de otras dos alumnas que manifiestan haber sido víctimas de conductas impropias u ofensivas hacia ellas por parte del acusado en el ejercicio de su función docente.
Frente al relato verosímil, veraz y mantenido de las alumnas, las declaraciones del acusado carecen de coherencia en aspectos relevantes y presentan contradicciones y afirmaciones que han resultado desmentidas. señala la sentencia. Por último, no se han presentado pruebas que avalen la tesis de que la denuncia fue un instrumento para perjudicar al acusado por su cargo dentro del equipo rectoral y en un contexto de enfrentamiento entre distintas posiciones dentro del profesorado de la Universidad.
Los hechos sucedieron entre los cursos 2006/2007 y 2008/2008
Los hechos denunciados tuvieron lugar durante los cursos 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009 en el ámbito de la relación docente-alumna. El acusado Rubén G.P., funcionario público, con un propósito sexual, se dirigió a su alumna C.G.G. en varias ocasiones cuando estaba a solas con ella realizando comentarios e insinuaciones que sugerían, ante las dificultades de la alumna para aprobar su asignatura, que podía conseguir el aprobado o mejorar sus notas si se prestaba a mantener algún tipo de relación sexual con él.
Con la intención de hacer más notables sus calificaciones, el profesor propuso ala estudiante aumentarle las calificaciones si accedía a cumplir sus intenciones. Tras comunicar la alumna estos hechos en el año 2010 puestos en conocimiento y disposición de la Fiscalía a través de la propia Universidad de León.