La Audiencia Nacional envía a juicio a los 11 investigados acusados de pertenencia a un presunto "grupo criminal", que tenían operaban en dos mataderos ubicados en Toreno y Astorga, y que fueron investigados por la venta de carne de caballo en mal estado; carne que en algún caso fue exportada a Italia o Bélgicas.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 ha decretado la apertura de juicio de oral por delitos contra la salud pública, falsedad documental o grupo criminal contra 11 procesados, para quienes la Fiscalía pide condenas de entre 4 y 9 años y medio de prisión.
En su auto, al que ha tenido acceso Efe, les impone además el pago de fianzas que oscilan entre 40.000 y 120.000 euros, según el caso, con el objetivo de asegurar las presuntas responsabilidades civiles pecuniarias que se les pudieran imponer.
La Fiscalía destaca que en las muestras investigadas se hallaron sustancias que causan efectos nocivos para la salud, como "daños genéticos" o "favorecer probablemente la aparición de distintas formas de cáncer", y en algunos casos llegaron a dar positivo en listeria.
Uno de los acusados, detenido en Toreno, entra esposado en el cuartelLos hechos se remontan a 2016, o al menos las investigaciones toman esa fecha como inicio para unos hechos considerados constitutivos de delito, en el escrito de acusación del Ministerio, que alega delitos contra la salud pública, uno de falsedad documental y otro de grupo criminal. De este modo, al conjunto de acusados se les achaca la introducción de carne de caballo en el mercado, una carne no apta para el consumo humano, sin control sanitario.
Los ejemplares sacrificaban y "entraban en la cadena alimentaria humana" sin ser validados, según el escrito al que ha tenido acceso Efe.
La base de operaciones se encontraba en dos mataderos de las localidades leonesas de Astorga y Toreno y la carne procedía de caballos de los que no se disponía documentación o que la que tenían evidenciaba que su carne no era apta para el consumo humano, pero cuya ficha se "blanqueaba" con certificados de otros animales, algunos incluso muertos. Otros ejemplares directamente se sacrificaban y "entraban en la cadena alimentaria humana" sin ser válidos para ello, añade el escrito.
Para lograrlo "era indispensable" el acuerdo entre "los entradores" de ganado en los mataderos, los responsables de los mismos y el veterinario oficial.
"Realizaban dicha actividad, evitando el control de los veterinarios dependientes de la Administración o en connivencia con alguno de estos y para ello falsificaban los documentos oficiales" que debían garantizar "la trazabilidad de los animales", explica el fiscal.
Por ejemplo, en marzo de 2017 se sacrificaron cuatro equinos en Toreno con "claros signos de melanomas" que luego se vendían a 1,50 euros el kilo, aunque se tuvo que quitar la carne "que presentaba signos evidente de melanoma, dejando sólo un 20 %" de aquella donde "no eran visibles los nódulos" de color negro.