Según la Fiscalía, los dos acusados “confeccionaron de mutuo acuerdo y a sabiendas de faltar a la verdad, un certificado en donde constataban que no se ha encontrado documento relativo a si desde el año 2001 a la actualidad todos los funcionarios que se encontraban en incapacidad temporal y durante la totalidad de la duración de esta situación percibía el 100% sus retribuciones respecto al mes anterior al de causar baja, al igual que el resto del personal laboral o contratado al servicio del Ayuntamiento”. Y omitieron tanto “el envío como la mención alguna de las nóminas de los funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento que durante el periodo señalado en el certificado si habían percibido el 100% de sus retribuciones respecto del mes anterior al de causar baja”.
La Fiscalía solita cinco años de prisión para Adolfo Canedo Cascallana por un presunto delito de falsificación en documento oficial con un delito de estafa procesal en grado de tentativa, una multa de 18 meses con una cuota de 20 euros, e inhabilitación especial para el ejercicio de sus funciones como alcalde de ayuntamiento durante el tiempo de 5 años. Y para la exsecretaria interina, 4 años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio de sus funciones como secretaria de ayuntamiento durante el tiempo de 3 años, y una multa de 20 euros diarios durante doce meses.
El delito de falsificación de documentos públicos por parte de un alcalde está penado, según el artículo 390 del Condigo Penal, con prisión de 3 a 6 años, con multa de 6 a 24 meses, y con inhabilitación de 2 a 6 años.