La Fiscalía de Ponferrada ha solicitado la retirada del pasaporte al empresario del carbón, Victorino Alonso, con el fin de negarle cualquier posible salida de España, excepto cuando exista de por medio una autorización judicial ante lo que considera un alto "riesgo de fuga". Así lo detalla el expediente judicial al que ha tenido acceso ElDiario.es y que publica en su edición digital.
Dicha petición de medidas aparece después de que "la investigación de Pandora Papers haya destapado que el Rey del Carbón tiene un patrimonio 'offshore' de al menos 30 millones de euros, a pesar de haberse declarada insolvente", explica el Diario.es
En estos términos, la Audiencia Provincial de León se encargará de tomar la decisión en el marco de las medidas cautelares, solicitadas hace más de 10 días y recurridas. Sin embargo, cabe recordar que Victorino Alonso posee dos condenas de prisión, que en estos momentos aún no son firmes por tanto no ha ingresado en la cárcel. Además, el nombre de Victorino Alonso forma parte de la larga lista incluida en los ‘Papeles de Pandora’, una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en el que participan EL PAÍS y La Sexta en España. En dicha investigación, El País ha rastrado 11,9 millones de documentos de la filtración con al menos 53 personas implicadas en alguna causa judicial abierta en España, entre ellas Alonso.
Como avanzaba este digital nacional, el conocido como “Rey del Carbón” Victorino Alonso abrió una sociedad opaca en un refugio fiscal poco antes de declararse insolvente. Además, según los ‘Papeles de Pandora’, el que otrora fuera ‘magnate’ de la minería en la provincia de León habría constituido varias sociedades en paraísos fiscales de Panamá y las Islas Vírgenes en los últimos 25 años.
La última habría sido la sociedad Neilmar Investments, fundada el 21 de junio de 2016. Además, a nombre de dicha empresa se creó en 2017 una cuenta destinada “a la administración de inversiones en activos financieros”. Según el formulario de registro desvelado en la investigación, el patrimonio total de la sociedad ascendía a un montante de entre 25 y 30 millones de dólares.
En este sentido, la cantidad de dinero y el destino de la inversión de un “crecimiento agresivo” refutarían la declaración de Alonso como insolvente hace tres años para eximirse en la causa abierta por la destrucción del yacimiento arqueológico de la Cueva de Chaves, en Huesca, puesto que 25 millones de euros habrían sido suficientes para sufragar la indemnización reclamada por el Gobierno de Aragón.
Cabe recordar que por esta causa Victorino Alonso fue condenado a dos años de prisión, a los que se suman otros dos por el caso del Feixolín y otros cuatro por daños al medio ambiente en la explotación de la mina a cielo abierto Nueva Julia, entre las localidades de Cabrillanes y Villablino.