Este profesional ofreció una rueda de prensa con la secretaria Federal del Sector Autonómico UGT SP, Joana Biosca; el responsable del sindicato profesional de bomberos del sindicato, Ángel Rubio, y el secretario del Sector Autonómico de la organización en Castilla y León, Carlos Arenas, para analizar la situación del operativo y el impacto de la futura ley básica del bombero forestal.
García reconoció que tras el acuerdo con la Junta para mejorar el oprativo dentro del Diálogo Social, “ha habido más trabajos preventivos, pero no significativos” y puso de relieve que “la continuidad del combustible ya está disponible” para los grandes incendios. “Las mejoras se van produciendo, pero muy despacio, hay que tomar medidas desde ya”, sentenció.
Lamentó que el operativo Infocal “está totalmente desactualizado” porque se diseñó el dispositivo en 1999 con un modelo mixto que con los últimos acuerdos ha mejorado mucho las condiciones del personal de la Junta, pero “en la privada no ha mejorado nada”. En este sentido, reveló que hay 15 empresas privadas que se reparten las tareas de extinción para las que “la prioridad no es el servicio, sino lo económico”. “Es imprescindible cambiar el modelo hacia un dispositivo público en su totalidad y que sea más profesional, no se puede trabajar tres meses al año, lo que provoca una fuga de capital humano increíble”, dijo.
En este sentido, Carlos Arenas denunció que hay “muy poco” personal dedicado a la prevención y extinción de incendios en Castilla y León, unos 3.400 trabajadores, 1.800 de la Junta; 600 de Tragsa; y un millar en cuadrillas privadas, en una autonomía con 5,2 millones de hectáreas de masa forestal, el 20 por ciento de la nacional. Aseveró que hay tres millones de hectáreas de arbolado y controlar esa superficie es una tarea “ímproba”. “Si tuviera cada uno de eso trabajadores que dedicarse al cuidado el solito de su parcela, tendría que abarcar 1.500 hectáreas”, ilustró.
El secretario del Sector Autonómico de UGT SP CyL precisó que “se está poniendo en funcionamiento” el acuerdo del DS, por lo que “en realidad no se ha trabajado prácticamente hasta hora más que en otros años”. Al respecto, indicó que “la efectividad será menor” este año, aunque esperan que “a la larga si se vea”. En este sentido, deseó que entre en vigor cuanto antes la nueva ley básica del bombero forestal que se incorpore al convenio privado de forestales, porque ahora “hay muchísima rotación y falta de profesionalización”, dijo.
En este sentido, el responsable del sindicato profesional de bomberos de UGT-SP, Ángel Rubio, expuso que esperan que la nueva normativa está aprobada antes del verano, como expresó el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que permitirá “homogeneizar” la figura del bombero forestal en toda España y abandonar el “maremagnum” de categorizaciones de estos empleados en las 17 autonomías.
Rubio explicó que el nuevo texto legal regulariza la categorización bombero forestal, así como sus funciones, formación y avance en igualdad, pero el “gran hito”, dijo, es que introduce los coeficientes reductores, para adelantar la edad de jubilación. “Esperamos que finales de junio tengamos algo que nos homogeneice a nivel nacional”, dijo, para advertir de la necesidad de ordenar estos recursos porque “estamos abocados sufrir cada vez más emergencias”.
Por su parte, la secretaria federal del Sector Autonómico UGT SP ,Joana Biosca, puso sobre la mesa que 2023, está siendo un año “tanto o más seco” que 2022, cuando España sufrió 57 grandes incendios forestales, y cuadriplicó la cifra de los últimos diez años. “Cada vez son incendios más agresivos, de sexta generación casi incontrolables”.
En este sentido, denunció que los trabajadores forestales están “bastante desamparados” y la nueva regulación básica, busca “poner un poco de dignidad al colectivo”, porque cada autonomía hace “de su capa un sayo” en su regulación. “Son bomberos forestales; no son peones de carretera, ni auxiliares, ni miles de nomenclaturas que nos encontramos”, resumió.
