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Castilla y León, Asturias y Aragón piden a la ministra Ribera que sea “cómplice” y le recuerdan que ella debe firmar las solicitudes de cierre de las térmicas

  miércoles, 26 de diciembre de 2018

Imágenes Agencia ICAL


Los presidentes de los gobiernos de Asturias, Aragón y Castilla y León han exigido a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que sea "cómplice" y exija a las empresas de las centrales térmicas que no cierren las plantas en estas tres autonomías en 2020, como están solicitando, para que el final del carbón no sea "abrupto" y haya tiempo para construir una alternativa económica para las zonas mineras. Así lo han explicado los tres presidentes, Javier Fernández, Javier Lambán  y Juan Vicente Herrera, tras reunirse durante dos horas con Ribera y con los secretarios de Estado de Energía y de Medio Ambiente en Madrid. El encuentro se produce en respuesta a la carta que los dirigentes autonómicos remitieron a la ministra exigiendo una "transición justa".

Los presidentes de las comunidades de Aragón, Asturias y Castilla y León coincidieron con la ministra para la Transición Ecológica de la necesidad de “construir una nueva realidad económica” que genere una energía más limpia. Sin embargo, los tres representantes autonómicos incidieron en la necesidad de que flexibilizar los plazos y mantener el modelo existente en el sector minero hasta que esa nueva economía esté consolidada.

Los tres han sido contundentes en que si no existe una alternativa económica para las zonas afectadas antes de que termine la extracción y uso del carbón, la transición energética que defiende el Ministerio no será justa. Para ello, una de sus principales reivindicaciones es que se presione a las dueñas de las térmicas que consumen ese carbón para que no cierren en 2020.

Las solicitudes de cierre tienen que ser autorizadas por el departamento que dirige Ribera y de ahí la reclamación a la ministra para que sea "cómplice" con la reivindicación autonómica de que se prolongue la vida de estas centrales.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, abogó porque esa transición sea “acompasada” y se mantengan los aprovechamientos de la realidad existente hasta que exista esa alternativa. “Lo que no podemos hacer es prescindir de la realidad actual” señaló.

“Lo que estamos pidiendo es estabilidad, ideas claras, plazos y objetivos claros para que no haya incertidumbre” pronunció, lo que permitiría la continuidad de aquellas explotaciones de carbón que sean rentables y competitivas y devuelvan las ayudas que recibieron para el cierre de las instalaciones.

De hecho, mencionó que una de las minas de la región, la de Hijos de Valdomero García de El Bierzo, está trabajando ya con el Ministerio para ver la fórmula y los plazos para mantener la actividad, para lo que resaltó que eso tiene que acompañarse con tener quien le compre el carbón “de forma estable”.

Por eso pidieron la continuidad tanto de la actividad de las explotaciones más allá del 31 de diciembre de este año, así como la de las centrales térmicas que queman ese carbón para más allá del 30 de junio de 2020 y llevarlo hasta 2030 como señaló la UE, fecha que se fijó además por muchas compañías para compensar la amortización de las inversiones ambientales exigidas por Bruselas.

Modificar eso, consideró Herrera, es dar a las compañías el pretexto para “ir a la ventanilla de cierre”, algo que manifestó “no podemos consentir”. Este horizonte permitiría “acompasar” la actual realidad a la nueva. “Lo que no puede ser es que todo se cierre en 2019 y 2020, y no tengamos construida ninguna alternativa” subrayó, porque “estaríamos condenando los sectores actuales y a la despoblación a las comunidades autónomas”.

El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, coincidió en que la idea es hacer una “transformación” de las comarcas mineras “y no una desaparición del sector” pero quiso dejar claro que “no es el Ministerio el que está poniendo los plazos” para los cierres de las centrales ni de las explotaciones mineras. También compartió la idea de que aquellas industrian que puedan, cumpliendo todos los requisitos, mantengan su actividad puesto que “no hay una obligación de cierre, sino una obligación de reducción de emisiones”. En este sentido se comprometió desde el Ministerio a trabajar de manera conjunta y coordinada por medio de unos planes de transición que, según incidió, “la transición no la hacemos nosotros, la hace la UE”.

 


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