Las Cortes de Castilla y León acordaron este miércoles la creación de una deducción del 15 por ciento en el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y hasta un límite máximo de 4.000 euros para incentivar la compra de vehículos eléctricos de uso personal y no profesional, que ahora supone un 0,44 por ciento del parque móvil.
La proposición de ley, por la que se crea este nuevo beneficio fiscal en el Texto Refundido de Tributos Propios y Cedidos de la Comunidad, recibió el voto a favor de PP, PSOE, Ciudadanos y UPL y la abstención de Podemos e IU. La medida tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2019, pese a que la nueva norma se aprobó hoy. Además, Castilla y León se convierte así en la tercera comunidad, tras Navarra y La Rioja, en contar con esa exención por la movilidad sostenible.
En la presentación del texto, el portavoz de Hacienda del Grupo Popular, Salvador Cruz, valoró la creación de un nuevo beneficio fiscal en Castilla y León destinado a aumentar la movilidad sostenible con el objetivo de duplicar la venta de vehículos eléctricos, cumplir con la reducción europea de un 40 por ciento del efecto invernadero y propiciar una transición justa.
Así, destacó que la Comunidad será la tercera con contar con una deducción por la adquisición de un coche eléctrico para uso personal, tras Navarra y La Rioja, y defendió que existe un modelo tributario “justo y sensato” y que sitúa a Castilla y León entre las que tienen una menor presión fiscal. “Los que quieren gobernar esta Comunidad plantean aumentar los impuestos”, resumió.
Al pleno llegaron cinco enmiendas parciales del Grupo Socialista, defendidas por José Francisco Martín, que afeó al Partido Popular que rechacen iniciativas fiscales de los socialistas y después se presentan por los 'populares', donde enmarcó la desestimación de su propuesta de eliminar el tipo reducido del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para los bancos.
Martín diferenció el modelo propuesto por el PP, dirigido a “sus amigos que se van a comprar un segundo vehículo” para contar con la deducción, del suyo dirigido a personas con menos recursos. “No asumir estas enmiendas supondrá un nuevo fracaso”, como afirmó que ocurrió con la Estrategia del coche eléctrico, con 173 matrículados en 2017, “todos de sus amigos ricos”.
Precisamente, el texto aprobado recoge la transacción de PP y PSOE para eliminar ese beneficio fiscal a la banca -sujeto pasivo- en Actos Jurídicos Documentados, excepto en el caso de las sociedades de garantía recíproca -Iberaval- y la comunidad de regantes. “En política fiscal no nos vamos a poder de acuerdo, pero hay que decir alto y claro que si llegan al Gobierno su política fiscal será un infierno”, advirtió Cruz.
“Si llegamos al Gobierno habrá una política fiscal más ventajosa para la gente, y lo que no hará es llevarlo para aca y para allá”, replicó Martín, en un intercambio de reproches con Cruz sobre qué modelo fiscal beneficia más a la gente. “Van a seguir estando ahí; y deje de bailar sevillanas, que las baila, por cierto, bastante mal”, concluyó.
Más deducción
El procurador de Podemos Félix Díez defendió tres enmiendas para aumentar desde el 15 al 20 por ciento el límite de la deducción y hasta 6.000 euros, que fueron rechazadas por el 'popular' José Manuel Fernández Santiago al considerar que no supone una “mejora en el objetivo de impulsar” ese tipo de vehículos, pero valoró que un partido como Podemos que no es liberal acepte crear un nuevo beneficio fiscal.
Por su parte, José Sarrión (IU), en una única enmienda, aumentó la deducción por la compra a 5.500 euros para vehículos de una autonomía de más de 100 kilómetros, también desestimada por Fernández Santiago con los mismos argumentos ofrecidos que a Podemos. “Lo dejamos en 4.000 no es poco, puede ser un 15 por ciento”, anotó.
El procurador leonesista, Luis Mariano Santos, manifestó que “a una ley simple, presentó enmiendas simples, en las que recogió que ”el vehículo adquirido deberá mantenerse en el patrimonio del contribuyente al menos durante cinco años desde su adquisición".
Según los datos de la Dirección General de Tráfico, recogidos en los antecedentes de la proposición de ley, a comienzos del año 2018 el total del parque móvil de vehículos de Castilla y León no propulsados por gasolina/diésel se elevaba 7.917, de un parque móvil de cerca 1.800.000 vehículos, de los cuales casi el 70 por ciento con una antigüedad superior a 10 años.
Esto supone que solo el 0,44 por ciento de los vehículos en Castilla y León utilizan combustibles alternativos. No obstante, se observa una clara tendencia en el aumento en vehículos de energías alternativas en la Comunidad, ya que se produjo un incremento de 2.460 unidades en 2017, lo que supone un 45 por ciento de incremento con respecto al año anterior 2016, relata el texto presentado por el PP.