Comisiones Obreras convocó este jueves un paro parcial regional para el próximo viernes, 10 de mayo, de 13 a 15 horas, al que están llamados, en la provincia de León, unos 3.000 trabajadores correspondientes al personal funcionario y laboral de la administración general de la Junta de Castilla y León.
Así lo anunció hoy el coordinador del sector autonómico de FSC-CCOO, Ernesto Angulo, que apuntó como motivos fundamentales para esta huelga “los continuos incumplimientos de la Junta de acuerdos como la mejora de condiciones laborales”, así como “la falta de empleados en los centros de trabajo de las zonas periféricas de León, que tienen que ser suplidos a través de personal de la capital que se desplaza”.
Según explicó Angulo, la Junta también ha incumplido con el acuerdo de reducción de temporalidad 2017-2020, que la debería situar en un ocho por ciento, mientras que la tasa actual de trabajadores interinos se sitúa en un 23,8 por ciento.
Asimismo, el coordinador del sector autonómico señaló la “falta de convocatorias de ofertas de empleo público”, ya que de la de 2016 hay 380 personas que la aprobaron esperando una plaza, mientras que 2017 solamente se convocaron el 49 por ciento de las plazas y la de 2018 “anunciada como la más grande”, no se llegó a convocar, de igual forma que tampoco se ha iniciado la negociación de la de 2019.
Otros motivos señalados por Ernesto Angulo para la convocatoria de este parón es la existencia de un 43 por ciento plazas que están vacantes, es decir, que no cuentan con un titular, que hace que “los servicios públicos se vean tontamente afectados”, la pérdida y disminución del porcentaje de empleados con jubilación parcial, que en este momento se sitúa en el 18 por ciento, y la no recuperación de las 25 horas laborales semanales.
Para Angulo existen “motivos suficientes para hacer el parón”, ya que “mientras que en todas las administraciones se han recuperado muchos de los derechos perdidos con la crisis, en la Junta de Castilla y León no”.
Además, el representante de CCOO, puso de relieve la existencia de “cada vez menos empleados públicos”, ya que en 2018 de jubilaron 500 empelados en Castilla y León, 60 en León, y en 2019 se prevén 700 jubilaciones más, un centenar en el caso de la provincia de León. Frente a ello, “no ha habido oposición para cubrir esas plazas, lo que obligará a cerrar centros” y, en el caso de que no se convoque oferta pública de empleo, “habrá que empezar a contratar a empresas privadas para cubrir los servicios”.