La única solución que por ahora ha encontrado el equipo de Gobierno para resolver el futuro del servicio es un adverbio de tiempo 'mañana', o mejor dicho “la semana que viene”. Hasta en 4 semanas han declarado el mismo plazo, y CGT ha esperado al viernes para ver cómo otra ha pasado, y sigue la misma situación.
“Hemos llegado hasta hoy, día 4 de agosto sin obtener ninguna solución; solamente seguimos teniendo promesas y mas promesas por parte del Ayuntamiento. Nos parece una tomadura de pelo las declaraciones del concejal,que ahora nos pida más tiempo después de haber tenido 4 meses desde la asamblea antes mencionada”.
En una reunión mantenida con el concejal, nos comunicó que en esta semana, si la empresa no aceptaba el acuerdo suscrito por los trabajadores y Ayuntamiento, asumirían el servicio.
A día de hoy no tenemos ninguna información al respecto, es más,creemos que nos están engañando”.
“Por otro lado, queremos comunicar que las reuniones mantenidas con la empresa,con asuntos relacionados en torno al servicio,cada día son más tensas”, relatan en un comunicado.
El concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Ponferrada, Roberto Mendo, deslizó este lunes que el equipo de Gobierno está estudiando la opción de municipalizar el servicio de recogida de basuras temporalmente “para salvaguardar los derechos de los trabajadores y el interés de la ciudad”.
Mendo ha insistido en que “es la propia empresa la que tiene que salvaguardar los derechos de sus trabajadores”, pero ante los incumplimientos de la concesionaria FCC con los trabajadores, plasmados en acuerdo plenario en abril -lo que evitó la huelga en plena Semana Santa- ahora el Ayuntamiento podría tomar el mando del servicio.
Cabe recordar que el llamado ‘macrocontrato’ de basuras se adjudicó en el anterior mandato a la empresa FCC por más de 120 millones de euros para un servicio que se extendería por casi 20 años, incluyendo prórrogas. La empresa Urbaser, que pujaba también por el servicio, recurrió la concesión amparándose en errores formales, y el TSJCyL le dio la razón hace ya casi un año. El Ayuntamiento de Ponferrada presentó un incidente de ejecución de sentencia para aclarar los términos en que debería proceder a lo que el Contencioso señaló que la sentencia era “clara” y le daba dos meses de plazo para llevar a cabo la anulación.